Crónica de la pugna por Nuevo Laredo
Ciudad de México, 1 de octubre (NACIÓN 14).- El 5 de septiembre de 2019 el comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dio a conocer públicamente lo que ellos consideran “pruebas” sobre ocho presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal de Tamaulipas; misma a la que ha catalogado como el brazo armado del Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Pero lo que este comité de Derechos Humanos omite es que, desde su creación, ha sido señalado por administraciones estatales de proteger a presuntos integrantes del crimen organizado y callar cuando el cartel de los Zetas (hoy Cartel del Noreste) comete crímenes contra la ciudadanía en general.
No obstante, siempre que alguna autoridad llega a Nuevo Laredo para establecer el orden y llevar a cabo operativos que devuelvan la tranquilidad a sus ciudadanos, el presidente de este comité, Raymundo Ramos revive sus movilizaciones en contra de las fuerzas de la ley. Tal como ocurrió este pasado 5 de septiembre.
El problema comenzó a principios de agosto del 2019, cuando el Cartel del Noreste (CDN) resolvió enviar a una de sus fuerzas especiales de sicarios a Nuevo Laredo, la denominada “Tropa del Infierno”, esto, según rumores, para repeler la posible invasión a su plaza por parte de integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación.
Con esta medida los enfrentamientos en la ciudad entre integrantes del Cartel del Noreste y el CJNG aumentaron el nivel de violencia en la ciudad e inmediatamente se comenzaron a hacer públicos videos y fotografias de balaceras, donde se muestra cómo la sociedad civil quedaba atrapada entre el fuego cruzado y vehículos con civiles armados (presuntamente sicarios).
En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, por órdenes del gobernador, reforzaría la seguridad en la ciudad con más elementos adscritos a la policía estatal. Estos formaron por todas las entradas y salidas de la ciudad retenes y puntos de revisión temporales como estrategia para contener estos enfrentamientos. Decomisaron armas e identificaron a los integrantes de estos carteles en pugna por la aduana más grande de Latinoamérica.
Una vez instalados los retenes, sujetos armados presuntamente integrantes de la tropa del infierno atacaron a un grupo pequeño de policías estatales a la altura de la carretera aeropuerto- Cd. Anáhuac, donde con armas de grueso calibre, incluso Barret .50, dejaron heridos a tres, dos mujeres y un hombre.
Más tarde, ya en la madrugada integrantes del Cartel del Noreste atacaron el hotel Cesar Palace ubicado sobre Avenida de la Reforma donde se hospedaban los policías estatales, dejando como saldo a uno gravemente herido. Este ataque fue viralizado en forma de burla por el CDN quienes sin ningún temor se adjudicaron este cobarde acontecimiento mientras presumían de su poder de fuego y equipo.
Hasta este punto Raymundo Ramos y su Comité de Derechos Humanos jamás hizo uso de sus medios para hacer un llamado a la paz y que cesaran estos enfrentamientos, donde la población civil se veía afectada. Ni siquiera apoyaría al Gobierno del Estado que de inmediato y tras los acontecimientos solicitó, de manera pública y formal, el apoyo del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, mismo que indolentemente resolvería no apoyar al gobernador Cabeza de Vaca. Con esto ni un solo elemento de la Guardia Nacional sería designado para hacerle frente al CDN en conjunto con la policía estatal Tamaulipeca.
En respuesta, el gobierno de Tamaulipas por órdenes del gobernador Cabeza de Vaca enviaría a finales de agosto a Nuevo Laredo 200 elementos del cuerpo de fuerzas especiales de la policía estatal, el grupo policial más letal del estado entrenado por el mismo Mossad israelí. Serían hasta ese momento los encargados de enfrentar a los integrantes de la tropa del infierno.
A menos de 24 horas del arribo de las fuerzas especiales Tamaulipecas a tierras fronterizas, un fuerte enfrentamiento entre éstas y la tropa del infierno se realizaría justo frente al Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl, dejando un saldo de siete sicarios abatidos y el decomiso de al menos 14 armas de alto poder incluido un Barret Calibre .50, así como de cientos de cartuchos útiles, cargadores y equipo táctico. Del otro lado, ningún policía estatal fue siquiera herido.
Como consecuencia a estos hechos el Comité de DDHH de Nuevo Laredo inmediatamente organizaría a las familias de estos jóvenes abatidos para llevar a cabo un plantón en las inmediaciones del hotel Colon Plaza donde se hospedaban los policías de fuerzas especiales. Ramos comenzaría una serie de acciones en contra de los elementos, acusándolos de asesinar a un grupo de jóvenes que sólo iban a jugar Gotcha a Cd. Anáhuac, Nuevo León.
Fue necesario que los policías rociaran gas lacrimógeno a estos supuestos familiares para que desalojaran el área, era la primera vez en meses que Raymundo Ramos realizara alguna acción en defensa de los DDHH, pero como siempre, lo haría en contra de la autoridad y a favor de presuntos integrantes del CDN.
Dos días después a estos hechos, elementos de las fuerzas especiales tamaulipecas que se encontraban en busca de los campamentos del CDN fueron emboscados en una brecha sobre la carretera Ribereña en el tramo Nuevo Laredo-Cd. Mier, dando como resultado cinco delincuentes fuertemente armados abatidos así como el aseguramiento de armas y demás insumos militares, nuevamente Raymundo Ramos continuaría con sus protestas contra la policía en compañía de los familiares de los delincuentes abatidos.
Días después sobre la misma carretera pero a la altura de Cd. Miguel Alemán elementos estatales llevarían a cabo un operativo donde se detendría a cinco integrantes del CDN, dos de estos fueron identificados por la unidad de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública como un comandante y un lugarteniente de la Tropa del Infierno. Se aseguraron también varios vehículos blindados así como armas de alto poder, insumos militares, drogas y dinero.
Raymundo Ramos utilizó a la madre de uno de estos detenidos para victimizar, y acusar al gobierno de llevar a cabo arrestos arbitrarios a civiles inocentes, ignorando que en redes sociales el joven subía evidencia de cómo asesinaba a sus víctimas.
Pero el desenlace de la mayor trama creada y defendida por Raymundo Ramos, su su comité de DDHH y familiares de estas supuestas víctimas, ocurriría el 5 de septiembre durante un operativo conjunto entre elementos de la policía Estatal tamaulipeca y el ejército, resultaron abatidos ocho individuos vestidos con botas, ropas y equipos tácticos con las siglas CDN.
De inmediato, Ramos acusaría a la policía estatal de violar los derechos humanos de las personas abatidas, usaría nuevamente a sus familiares para realizar protestas contra las fuerzas del orden, incluso desarrollaría “con sus propios medios” una investigación donde sin peritos, sin expertos en balística y sin criterios de criminalística, determinaría y haría público para el 5 de septiembre que la policía estatal de Tamaulipas había ejecutado extrajudicialmente a estos ocho presuntos sicarios abatidos.
El tema trascendió a nivel nacional para el 11 de septiembre y después de la revelación de esta información los operativos por parte de los elementos de fuerzas especiales de Tamaulipas fueron disminuyendo hasta que cesaron. El cometido de Raymundo Ramos se cumplió como en muchas otras ocasiones, y el CDN continúa operando libremente por Nuevo Laredo.
Ramos no detuvo sus declaraciones e interpuso un sin número de demandas contra el gobierno de Tamaulipas, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y sus principales autoridades; mismos que se vieron obligados a crear una fiscalía especial para aclarar el caso donde también el Gobernador reaccionó de una manera muy firme para dar credibilidad a las indagatorias, invitando al FBI a colaborar para el “caso Nuevo Laredo”.
Este defensor de DDHH, tal parece, sólo defiende el derecho a la vida de los victimarios cuando estos caen pareciendo ser víctimas, pero jamás interviene a favor de los ciudadanos cuando perecen víctimas de estos sicarios.
La historia juzgará a quienes juegan con lo más sagrado que posee el ser humano: el derecho a la vida y la justicia.