La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) es la responsable de emitir el reemplacamiento de placas, así como, la Licencia Federal (LF) para los transportistas terrestres, ferroviarios, marítimos y aéreos, este último recientemente transfirió la responsabilidad a la Agencia Federal de Aviación Civil, derivado de la calificación negativa que emitió la autoridad estadounidense en el periodo que la responsabilidad recaía en el está institución.
En primer lugar, existe una urgencia extrema de iniciar un programa de reemplacamiento federal, ya que el último se realizó durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, lo cual implica una evidente falta de control y supervisión de las unidades de transporte de carga o pasajeros que circulan a lo largo del territorio Nacional.
Por otra parte, al día de hoy existe un rezago profundo en la expedición de licencias federales para operadores de autotransporte federal, ya que cerca de dos millones de mexicanos que se dedican a esta actividad en sus diversas modalidades, se encuentran operando en la clandestinidad, en ocasiones con la complicidad de las autoridades en la materia.
Estas situaciones han sido provocadas por la profunda indiferencia del Director General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte Guillermo García Pinto y del Director de Autorización y Evaluación a Terceros Jonathan Sebastián Ramírez Ordoñez, quienes de manera arbitraria e ilegal están desapareciendo la figura de los médicos terceros autorizados e impactando gravemente al sector transporte y sus usuarios.
Asimismo, se tiene conocimiento que personal de la propia Dirección General practican de manera fraudulenta y sin estar facultados para ello, diversos exámenes psicofísicos a efecto de emitir licencias para autotransportistas no aptos, manipulando los sistemas de captura y cobrando los denominados “moches” a los interesados.
Además, se tiene conocimiento, según medios de información, que el propio Director General Guillermo García Pinto, se ha reunido en diversas ocasiones con el dueño de los laboratorios “SALUD DIGNA”, quien recientemente ha sido señalado por prestar su avión privado al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acordando eliminar la figura de los médicos terceros autorizados, a fin de que su laboratorio realice los exámenes médicos, lo cual representa un evidente acto de corrupción que no se puede pasar por alto.
Lo anterior, tiene como único objetivo tratar de limpiar antes de que entre la nueva administración, las evidentes irregularidades cometidas por los funcionarios involucrados, además de asegurarse un negocio muy lucrativo, pero ilegal, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
La SICT cuenta con una Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPyMPT) dentro de la estructura de la Subsecretaria de Transporte, además de 48 unidades médicas propias para realizar los exámenes médicos para los aplicantes a la Licencia Federal, sin embargo cuenta con un Programa de Médicos Terceros Autorizados, sin cargo al presupuesto de la SICT, para satisfacer la necesidad y demanda de los operadores que transitan por las vías generales de comunicación y ampliar la cobertura nacional de atención al sector.
Los Médicos Terceros Autorizados son médicos particulares que solicitan una autorización a las SICT para prestar los servicios de médico dictaminador para los exámenes médicos que requiere la LF. Este programa ha sido exitoso.
Actualmente el 25% de los exámenes médicos son realizados por la SICT y un 75% por médicos terceros autorizados.
Finalmente, cabe señalar que existen diversas cámaras y agrupaciones de transportistas que han expresado su inconformidad con dichas situaciones, sin que a la fecha las autoridades de la Secretaría se hayan pronunciado al respecto.
Los errores y corruptelas de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPyMPT) afectan gravemente la actividad económica del sector transportista, de sus clientes y de la misma Secretaría.
