El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia a su cargo en medio de la polémica generada por acusaciones provenientes de Estados Unidos.
La decisión ocurre en un contexto de creciente presión política y mediática, luego de que autoridades estadounidenses lo señalaran en un proceso legal por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Aunque no se han presentado cargos formales en México, el caso ha escalado a nivel diplomático, lo que ha llevado al mandatario a apartarse temporalmente de sus funciones.
La solicitud de licencia deberá ser analizada por el Congreso local, que determinará si procede y quién asumiría el cargo de manera interina.
En paralelo, la Fiscalía General de la República mantiene en revisión las acusaciones enviadas por Estados Unidos, con el fin de determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso legal en territorio nacional.
El movimiento de Rocha Moya se interpreta como un intento de facilitar las investigaciones y reducir el impacto político en la administración estatal, mientras se define su situación jurídica.
Este episodio marca uno de los momentos más tensos en la relación bilateral reciente, al involucrar a un gobernador en funciones en señalamientos de carácter internacional.
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