Ciudad de México, 4 Sep. (Nación14).- El gobierno federal inició ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los recursos legales correspondientes para que se investigue a los funcionarios, jueces y ministerios públicos para deslindar o fincar responsabilidades en el caso que ha llevado a la liberación de presuntos delincuentes involucrados en el caso Ayotzinapa.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se refirió al caso más reciente donde el pasado 30 de agosto, el juez de Distrito en procesos penales federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos dictó sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo, apodado “El Gil”, quien operaba como jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala Guerrero, al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Exhortamos a la @FGRMexico a que reencause la investigación sobre el caso #Ayotzinapa, subsane las omisiones y deslinde responsabilidades por parte de autoridades o civiles en esta investigación. pic.twitter.com/feACRbOgOu
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 4, 2019
Reconoció que este es un precedente muy grave de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada, que sentará precedente para que se puedan establecer sentencias absolutorias en los demás implicados, tendencia que ya se venía registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa.
En la conferencia matutina del presidente López Obrador, Encinas reconoció que ésto evidencia particularmente una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades a la ley. “Y hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas, habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos”.
Hizo énfasis en que en este tipo de situaciones, las autoridades judiciales en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas se está generando un pacto para favorecer el silencio y la impunidad en la comisión de los delitos.
También que la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley, se puedan retirar los cargos que le imputaron a los 53 de los 142 detenidos que aún permanecen presos, para que queden en libertad.
Esto implica una revisión profunda de los criterios judiciales que tienen que aplicarse. Que se debe tomar en consideración que la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley, se trata de impartir justicia, no de interpretarla, donde debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios.
Exhortó a la Fiscalía General de la República para que reencause la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles, en la desaparición de los estudiantes.
Dijo que en el caso de la Comisión Presidencial de la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, se continuarán haciendo las investigaciones y diligencias que están en proceso, incluyendo el procedimiento que sigue la FGR en contra Tomás Zerón, por haber actuado indebidamente en la investigación; “y no solamente contra él, sino contra los funcionarios que resulten culpables”, finalizó Encinas Rodríguez.
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