*Fiscalía cita a declarar a exgobernador de Guerrero
Ciudad de México, 24 de septiembre (NACIÓN 14).- A punto de cumplirse cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República ahora busca a los normalistas de Ayotzinapa en un basurero de Tepecoacuilco, ubicado a media hora de Iguala, rumbo al Municipio de Huitzuco, en el Estado de Guerrero.
De acuerdo con información de la dependencia, la diligencia se realiza con maquinaria y resguardo del Ejército mexicano, en un tiradero a cielo abierto.
Asimismo, los padres de los normalistas y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa fueron notificados sobre la búsqueda, que se suma otras realizadas, como parte de la reactivación del caso.
Cabe señalar que hace unas semanas también se realizó una búsqueda en propiedades de Iguala, a unos metros de uno de los puntos donde los estudiantes fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014.
La diligencia se realiza a dos días de cumplirse cinco años de la desaparición de los estudiantes.
NUEVOS CITATORIOS
Asimismo, este día la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa citó a declarar, dentro del nuevo procedimiento iniciado, al señor Ángel “A”, exgobernador del estado de Guerrero; al señor Iñaki “B”, ex Procurador de esa entidad; así como a Leonardo “V”, ex Secretario de Seguridad Pública de esa entidad, quienes han manifestado que habrán de presentarse a declarar, en esta Institución, a principios de la próxima semana.
Por lo que toca a la audiencia que el juez federal llevará con sede en Tamaulipas respecto a Eury “F”, Mateo “B” y Salvador “B”, la Fiscalía informó que ha presentado las pruebas de telefonía procedentes de Chicago, Illinois, con el objeto de que se valoren en toda su magnitud; y también ha aportado la documentación que indica que los tres procesados se negaron a participar en el Protocolo de Estambul, que hubiera justificado sus alegatos sobre tortura.
Es de señalarse que estas pruebas supervenientes se están aplicando como consecuencia de una sentencia emitida por un Tribunal Colegiado Federal, en 2018, que descalificó el procedimiento seguido por el gobierno anterior.
