El Senado de la República aprobó en fast-track la minuta que crea la nueva Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992. La iniciativa avanzó con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general, y con 82 a favor y 34 en lo particular, tras ser declarada de “urgente resolución” por Morena, PT y PVEM.
El bloque oficialista rechazó la moción suspensiva del PAN, que buscaba frenar la discusión, lo que encendió el ánimo en el Pleno. La oposición denunció que la reforma “traiciona” a los campesinos, mientras que Morena defendió que el objetivo central es garantizar el derecho humano al agua y actualizar un sistema rebasado por la concentración de concesiones y la explotación irregular del recurso.
La reforma establece un nuevo marco basado en el artículo 4 constitucional e incluye medidas como la creación del Registro Público de Agua Nacional, un Fondo de Reserva para comunidades sin acceso y la cancelación de concesiones ociosas o acaparadas. También endurece sanciones por robo de agua y regula la captación pluvial privada que ha afectado ciclos hidrológicos.
Sin embargo, organizaciones de productores agrícolas—principalmente en el norte—alertaron que la eliminación de la transmisión privada de concesiones genera incertidumbre económica, pues el agua es parte fundamental del valor de sus tierras. Aunque Conagua prometió que herencias y compraventa seguirán permitidas, los agricultores afirman que persiste la falta de claridad sobre los nuevos trámites.
Desde Morena, Efraín Morales señaló que la reforma propone un “cambio profundo” en el manejo del recurso y enfrentará intereses que por años se beneficiaron de privilegios. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que quienes rechazan la reforma “tienen muchísimas concesiones, muchas sin uso”, por lo que consideró indispensable “poner orden” en la distribución del agua en México.
