México, 2 de marzo de 2021 (NACIÓN 14).- Alonso Aguilar Zinser, abogado del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca aseguró que la solicitud que hizo la Fiscalía General de la República para desaforar al mandatario tamaulipeco tiene su origen en una investigación por la venta de un inmueble en 2019, que nada tiene que ver con delincuencia organizada ni lavado de dinero como lo presentan las autoridades.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado de Cabeza de Vaca, titular del bufete Aguilar y Quevedo, detalló que luego de revisar los tomos que contienen las presuntas pruebas en contra del gobernador y la solicitud que la FGR hizo a la Cámara de Diputados de retirarle el fuero constitucional para que pueda ser procesado, pudo determinar que la verdadera acusación en contra de su cliente es haber recibido en 2019 depósitos por 42 millones de pesos por la venta de un departamento en la Ciudad de México que la FGR asegura, son recursos de procedencia ilícita.
Cabe destacar que públicamente la FGR acusa a Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
“La acusación especifica y concreta que es materia de la solicitud de desafuero es que el gobernador recibió en el año de 2019 depósitos en su cuenta por 42 millones de pesos”, explicó Aguilar Zinser, considerado uno de los penalistas más destacados de México.
Estos depósitos explica el abogado, para la FGR pueden tener un origen ilícito debido a que fueron dispersados en una empresa de la familia y por tal motivo se le imputa también el delito de lavado de dinero.
Asimismo, dijo que la FGR estima que no se pagó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y por lo tanto hay un delito de defraudación fiscal.
No obstante, el abogado aseguró que Cabeza de Vaca acreditará que el dinero que recibió fue producto de la venta de un departamento que compró con su esposa en 2013 y que decidió venderlo en 2019. De acuerdo con el abogado, el alto precio del inmueble se debe a que se encuentra en la zona de Santa Fe en la Ciudad de México, considerada una zona exclusiva en la ciudad.
Asimismo, el abogado asegura que sí se pagaron los impuestos y cuenta con los comprobantes para demostrarlo.
“Quiero aclarar que vamos a acreditar que si se pagaron los impuestos y que ese dinero lo recibió con motivo de la venta de un departamento que compró con su esposa en 2013 y decidió venderlo en 2019”, sostuvo Aguilar Zinser.
El abogado asegura que en la solicitud de desafuero no aparece el hecho concreto de que se le acusa al gobernador de huachicoleo ni de narcotraficante ni tratos con el crimen organizado como se anuncia en medios de comunicación como el motivo para quitarle el fuero.
Además, Aguilar Zinser precisó que él nunca ha llevado asuntos que entrañan la participación de delincuencia organizada, narcotráfico, huachileo, ni trafico de personas, porque aseguró, tiene un prestigio y no se presta para defender esos asuntos.
Por tal motivo, subrayó que en este asunto no hay ningún indicio de la participación del gobernador en estos delitos.
En resumen, de acuerdo con el abogado la conducta que derivó en que el gobernador sea acusado por recursos de procedencia ilícita es porque recibió la cantidad de 42 millones de pesos en cuatro depósitos.
El delito de delincuencia organizada se basa en que parte del dinero de la compra-venta del inmueble fue depositado en una empresa de la familia.
Y finalmente, el delito de defraudación fiscal equiparada porque la FGR acusa que no pagó los impuestos de esa operación.
Cabe recordar que el 1 de marzo, personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, por mandato de la Sección Instructora de la LXIV Legislatura, notificó personalmente en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Acuerdo de esa Sección por el que se admitió y radicó en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021 la Solicitud de Declaración de Procedencia en su contra.
Al mandatario se le entregó la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020 que se integra en su contra por hechos con la apariencia de delito de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada, así como diez tomos que la conforman, junto con la Solicitud de Declaración de Procedencia y su ratificación, así como del Acuerdo de la Sección Instructora en su sesión de fecha 27 de febrero de 2021.