La Fiscalía General de la República (FGR) descartó, por ahora, ejecutar la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otras nueve personas señaladas por Estados Unidos, al considerar que no existen pruebas suficientes para proceder.
De acuerdo con la institución, la solicitud enviada por autoridades estadounidenses para detenerlos con fines de extradición carece de elementos probatorios sólidos, por lo que no cumple con los requisitos legales establecidos en México.
Ante esta situación, la FGR informó que iniciará una investigación propia para determinar si las acusaciones tienen sustento, y solo en caso de contar con evidencia válida podría avanzar cualquier proceso judicial.
El organismo subrayó que la legislación mexicana impide girar órdenes de aprehensión sin datos de prueba que acrediten la probable comisión de un delito, además de que en el caso de funcionarios con fuero —como gobernadores o legisladores— se requiere un proceso adicional para retirarlo.
Asimismo, autoridades mexicanas han señalado que la solicitud de Estados Unidos no incluyó pruebas claras, lo que ha generado cuestionamientos sobre la solidez del caso.
En paralelo, el gobierno federal ha insistido en que cualquier acción deberá apegarse al debido proceso, respetando la soberanía nacional y evitando decisiones basadas únicamente en señalamientos sin sustento.
El caso se desarrolla en medio de una creciente tensión entre México y Estados Unidos, luego de que autoridades estadounidenses acusaran a Rocha Moya y otros funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que ha derivado en un choque político y jurídico entre ambos países.
Discussion about this post