El gobierno de Estados Unidos acusó al activista mexicano Raymundo Ramos, conocido por denunciar presunto espionaje con el software Pegasus, de tener vínculos con el Cártel del Noreste.
La señalación se dio en el marco de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra varios ciudadanos mexicanos presuntamente ligados a dicha organización criminal. Entre ellos figura Ramos, a quien las autoridades estadounidenses consideran sospechoso de colaborar con el grupo delictivo en Tamaulipas.
El activista había ganado notoriedad pública tras denunciar que fue espiado por el Ejército mexicano durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un caso relacionado con el uso del software Pegasus para labores de vigilancia.
Además de Ramos, las sanciones incluyen a otros individuos y entidades señaladas por presuntos delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero y operaciones vinculadas al crimen organizado, como parte de la estrategia de Estados Unidos para debilitar las redes financieras de los cárteles.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, algunos de los implicados habrían operado bajo una apariencia de activismo o actividades legales para encubrir sus presuntas relaciones con el narcotráfico, lo que ha generado un fuerte debate sobre el caso.
La acusación ha provocado controversia, ya que organizaciones y sectores defensores de derechos humanos han cuestionado la veracidad de los señalamientos y han advertido sobre el riesgo de criminalizar a activistas en contextos de alta violencia.
El caso se perfila como un nuevo punto de tensión en la relación bilateral en materia de seguridad y justicia, además de reavivar la discusión sobre el uso de herramientas de espionaje en México y la credibilidad de las acusaciones internacionales.
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