*Juez le revoca decomiso de 40 propiedades
Ciudad de México, 18 de mayo de 2020 (NACIÓN 14).- Un tribunal federal dio un revés a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, al confirmar la sentencia de 9 años de prisión impuesta en 2018 por lavado de dinero y asociación delictuosa, pues consideró que el proceso judicial fue legal.
El exgobernador de Veracruz, se encuentra en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México a donde llegó en julio de 2017 acusado de los delitos de delincuencia organizada y desvío de recursos públicos, por lo que únicamente le restarían seis años más de recluso para abandonar el centro penitenciario.
Además, este lunes, el tribunal revocó el decomiso de más de 40 propiedades ligadas al político emanado de las filas del PRI pues consideró que son bienes de otros procesados que aún no son condenados.
La nueva resolución se debe a que Duarte de Ochoa apeló la sentencia condenatoria dictada el 26 de septiembre de 2018.
Según informa Animal Político, la magistrada Isabel Porras Odrizola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, concluyó que las pruebas que presentó la PGR para acusar a Duarte fueron adecuadas para demostrar su participación en un entramado criminal para desviar recursos públicos.
La sentencia llegó después que el exgobernador se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a juicio, en lo que se conoce como “procedimiento abreviado”.
A cambio, se le dictó la pena mínima y se le retiró el delito de delincuencia organizada, la acusación más grave que pesaba en su contra.
Pero después la defensa del exgobernador argumentó que las pruebas bancarias en las cuales se sostenía la acusación de lavado de dinero se obtuvieron sin aval de un juez, lo que incluso causó que otros procesados del caso terminen absueltos.
Sin embargo, la magistrada subrayó que el propio Duarte aceptó renunciar a su derecho de defenderse en un juicio y de combatir las pruebas del Ministerio Público, quitándose él mismo la posibilidad de entrar al fondo de su asunto.
“La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…)”.
“Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad”.
“Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, concluye la magistrada.
En 2018, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como “un espectáculo” el proceso penal de la Fiscalía con el que logró que un juez federal le dictara una pena de nueve años al exgobernador de Veracruz.
