Ciudad de México, 7 Sep. (Nación14).- En el país, sólo 8 por ciento de las empresas de exploración del subsuelo son mexicanas, afirmó Aleida Hernández Cervantes, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
Por lo que existe una disparidad respecto al capital de origen de las empresas dedicadas a esta actividad, situación que afecta de manera primordial a pueblos y territorios indígenas, por lo que es importante conceptualizar y sistematizar las estructuras jurídicas del despojo.
De las 476 compañías establecidas en el país para realizar dicha actividad, 437 son de capital extranjero: 336 de inversión canadiense y 44 estadounidense, según datos del Anuario de Actividades Extractivas de 2018, de la asociación civil FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.
Además, los proyectos mineros en nuestro territorio pasaron de 667 en 2010, a mil 531, en 2018, es decir, más del doble en ocho años, señaló la universitaria.
Mientras que existen 312 proyectos en operación vinculados a rubros como transporte, electricidad e hidrocarburos. Por ejemplo, hay 21 parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, operados por empresas como Iberdrola, Peñoles, Eólica de Francia y Gamesa.
Por su parte, al hablar de la desregulación como herramienta estatal para el despojo, Marisol Anglés Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explicó que el nuevo movimiento neoliberal denominado acumulación por desposesión busca allegarse de la política interna del Estado para colocar a los bienes públicos en el mercado, a efecto de que el capital acceda a ellos de manera preferente.
“Así lo vemos en la nueva terminología que hoy se usa, como ‘utilidad pública’, ‘interés social’ y ‘actividades estratégicas’. Antes, cuando se hablaba de las dos primeras se visualizaba el bienestar de las mayorías; hoy hace referencia a los intereses de las empresas. Además, en el pasado era impensable que una actividad estratégica estuviera en manos privadas, y ahora lo están”, expresó en un comunicado.
Por último, expuso que en la lista de herramientas estatales para el despojo se incluyen reformas constitucionales, legislativas y reglamentarias; celebración de consultas a modo; otorgamiento de concesiones, permisos y licencias; decretos expropiatorios e, incluso, declaratorias de áreas naturales protegidas, que pueden violentar derechos de los pueblos y comunidades.
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