Ciudad de México 3 Sep (Nación14).- En México se registra una agresión contra la prensa cada 17.4 horas, al contabilizar 249 agresiones durante el primer semestre del año, incluyendo 7 asesinatos de periodistas y desde el inicio de la presente administración ocurrieron 277 agresiones.
De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19 el panorama para la libertad de expresión en el país es desalentador al no disminuir los asesinatos contra trabajadores del gremio; se registraron el mismo número de asesinatos de periodistas que el primer semestre del año pasado y además durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han ocurrido 11.
La organización advirtió que de continuar esta tendencia, 2019 podría ser el más letal para la prensa en México, ya que hasta ahora el nivel de violencia contra la prensa es similar al observado en la segunda parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Los cinco estados que registraron mayor número de agresiones en contra de la prensa fueron Quintana Roo, con 26; Ciudad de México y Guerrero, con 22 cada uno; y Oaxaca y Veracruz, con 19 respectivamente; estos últimos cuatro estados se mantienen como los más violentos desde 2013.
En particular es preocupante, resalta la organización, el aumento de agresiones en Quintana Roo que pasó de 12 a 26, de un año a otro, además de 2 asesinatos a periodistas.
Las agresiones que más se documentaron fueron actos de intimidación, que representan el 25.7 por ciento del total, que corresponden a 67 agresiones; seguido por amenazas, con 61, equivalente al 24.49 por ciento, de las cuales 45 fueron de muerte, entre otras.
El 60 por ciento de las agresiones en el primer semestre del año fueron perpetrados en contra de hombres periodistas y del resto, 22 por ciento fueron en contra de mujeres periodistas y 18 por ciento en contra medios de comunicación.
En el caso de los hombres, las agresiones más frecuentes fueron las amenazas de muerte y en el caso de las mujeres las más frecuentes fueron actos de intimidación y hostigamiento.
Diez de las 56 agresiones contra mujeres periodistas tienen un claro componente de género, donde los agresores, a fin de debilitar la credibilidad del trabajo de las periodistas, recurrieron a relacionarlas sentimentalmente de manera infundada con actores de oposición o de tratar de hacer escarnio de su imagen física o su vestimenta.
Además se suman casos de violencia sexual, amenaza de violencia sexual y campaña de desprestigio con connotación sexual.
En lo que respecta a las agresiones en internet, 22 por ciento de estas se ejercieron contra mujeres periodistas.
Respecto a los contextos de las agresiones, 18 se cometieron durante protestas, lo que demuestra el riesgo de este tipo de coberturas, por lo que las autoridades están obligadas a generar condiciones idóneas tanto para el derecho a la protesta como para el libre ejercicio periodístico.
Durante el 2018 se registraron 3 agresiones bajo un contexto de discriminación y racismo, y en el primer semestre de este año se registraron 8, las cuales se dieron principalmente al dar cobertura al conflicto migratorio.
Respecto a los perpetradores de violencia contra la prensa, el 42.16 por ciento, es decir 105 casos, fueron funcionarios públicos. De éstos, más de la mitad, 56.19 por ciento, fueron funcionarios municipales; 28.57 por ciento, con 30 casos, se trató de funcionarios públicos estatales, seguidos por los funcionarios federales con 16 casos, equivalente a más del 15 por ciento.
En ese sentido, ha sido una preocupación constante las declaraciones vertidas por las cabezas del Ejecutivo federal, estatales y municipales, los cuales de manera cada vez más recurrente atacan a la prensa y buscan mermar su credibilidad, cerrando con ello los canales de difusión de información, inhibiendo el debate y poniendo en riesgo a las y los periodistas.
ARTICLE 19 registró en las coberturas de mayor riesgo para la prensa, 126 agresiones a quienes cubren temas de corrupción y política, 74 sobre temas de seguridad y justicia, 33 agresiones en coberturas de derechos humanos y 6 de coberturas sobre tierra y territorio.
Es decir, la violencia contra la prensa se ejerce con el fin de silenciar y censurar las voces que podrían afectar intereses políticos, económicos y redes de delincuencia en las que incluso pueden estar involucradas autoridades.
A casi un año del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es indispensable generar las condiciones para contrarrestar la violencia ejercida contra periodistas. La consolidación democrática del país pasa por garantizar la libertad de expresión y una acción decidida por parte del Estado para brindar las condiciones idóneas para el ejercicio de tal derecho.
N14/AMR
