*El dictamen será discutido en el Senado
México, 4 de diciembre de 2020 (NACIÓN 14).- La Cámara de Diputados aprobó, con 426 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, la Ley General de Población con la que se busca crear la Cédula Única de Identidad Digital, nuevo medio de identificación oficial que no sustituye a la credencial que expide el Instituto Nacional Electoral (INE) pero que pondría los datos de millones de mexicanos en manos del gobierno.
Este jueves en sesión semipresencial, los diputados aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Población, y abroga la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974.
El dictamen, que se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, plantea la creación de una Cédula Única de Identidad Digital, misma que será gratuita y expedida por la Secretaría de Gobernación (Segob) a toda la población y a los mexicanos residentes en el extranjero.
Los legisladores justificaron que la creación de este registro se basa en garantizar la identidad de todas las personas que integran la población en México, derecho consagrado en el artículo 4º constitucional para que sean registradas de manera inmediata desde su nacimiento y no solo hasta que las personas sean mayores de 18 años.
De acuerdo con el dictamen aprobado por los Diputados, la Cédula Única de Identidad Digital se convertirá en el documento oficial de identificación ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero y ante las personas físicas y morales con domicilio en el país, así como para todo tipo de trámite o servicio.
La diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación explicó que ello no implica asumir o reemplazar las facultades de aquellos órganos que seguirán expidiendo identificaciones funcionales, es decir, sujetas al contexto particular para las que son creadas, como por ejemplo, INE como credencial para votar, pasaporte como documento para desplazarse del territorio o cédula para acreditar una profesión.
De tal manera que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador creará una base de datos de todos los ciudadanos mexicanos como su Clave Única de Registro de Población, nombre y apellido, fecha de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, nacionalidad y datos biométricos que el reglamento disponga, que podrían ser huella dactilar, el iris de los ojos, las facciones del rostro, tono de voz entre otros, información que contendrán tanto la versión física como digital de la cédula.
La Ley General de Población deberá ser aprobada por la Cámara de Senadores antes de volverse oficial.
El día de hoy la Secretaria de Gobernación @M_OlgaSCordero formalizó al @INEMexico la solicitud para que le entreguemos los datos biométricos de las y los mexicanos inscritos en el Padrón Electoral.
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 22, 2020
Cabe recordar que en enero del presente año, la Secretaría de Gobernación encabezada por Olga Sánchez Cordero, solicitó al Instituto Nacional Electoral los datos biométricos de los más de 90 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en el padrón electoral, con el fin de avanzar en la creación de una cédula de identidad única.
Sin embargo, en aquella ocasión, el INE rechazó entregarle esos datos a la Segob argumentando que legalmente está impedido a entregar datos personales de los ciudadanos mexicanos y que para poder hacerlo “se necesitaría la autorización expresa de cada ciudadano”.
En aquella ocasión incluso el #YoNoAutorizo se convirtió en tendencia para rechazar que Segob accediera a la información personal de millones de mexicanos.
El INE recordó que, la única vez que la autoridad electoral prestó la base de datos completa del padrón a Gobernación para elaborar la Clave Única de Registro de Población (CURP), se burló la información, vía el Renapo.
“En 2003, tuvo lugar el primer gran escándalo cuando se dio a conocer que una empresa estadounidense, Choice Point, había adquirido los datos del padrón electoral. Las investigaciones mostraron que la base de datos correspondía a la que se entregó a al Registro Nacional de Población (Renapo) que, en ejercicio de sus atribuciones legales, había requerido al IFE la copia del padrón para depurar otras bases de datos en posesión del gobierno federal. Personal de las empresas contratadas para este fin sustrajo la información y la puso a la venta”.