Tetela del Volcán, Morelos. 25 de octubre (NACIÓN 14).- Ubicado a las faldas del Popocatépetl el municipio de Tetela del Volcán que por su ubicación geográfica y altura es de los más fértiles y abundantes en recursos naturales, carece de paz social para estar en plenitud, opinan asistentes a la asamblea del pueblo donde se acordó dar ‘muerte civil’ a uno de sus políticos corruptos.
Bajo el precepto de usos y costumbres, la asamblea de pueblo de Tetela del Volcán aprobó “privar” de todos los derechos civiles al excandidato del PRD Rubicel Velázquez Mendoza, ahijado político del exdiputado Javier Montes Rosales, quien fuera leal súbdito del exgobernador Graco Ramírez, todos ellos integrantes de la red de corrupción que se tejió en administraciones anteriores.
Una de las razones por las que Rubicel Velázquez fue castigado ejemplarmente por sus vecinos fue probar su participación como el operador de la entrega de cuatro hectáreas de tierras ubicadas a pasos del manantial de “Agueyoca” dentro de la cuenca del río de Amatzinac.
Este reportero reveló el actuar del abogado durante todo el proceso, lo que derivó en amenazas de muerte, un atentado fallido y campañas de desprestigio, agravios que fueron denunciados ante la FEADLE en la FGR, agresiones que obligaron a salir del municipio a este reportero y su familia.
El también abogado etiquetado como traidor a su pueblo demostró ser una persona no grata al conocerle su afición por actos misóginos cuando en reiteradas ocasiones humilla a las parejas de sus adversarios políticos haciendo comentarios soeces contra las mujeres de su municipio.
En este sentido, la comunidad ya había advertido durante asambleas que el abogado estaba ejerciendo de mala fe contra el pueblo, intentando provocar a sus adversarios políticos a través de anónimos.
Muchas mujeres de la misma comunidad del abogado fueron afectadas a través de mensajes emitidos por Velázquez Mendoza, quien incluso llegó a llamarlas “sucias” en uno de sus videos.
El abogado ha intentado defenderse asegurando que todo es obra de un “exguerrillero” que lo ha denostado, se dice afectado por el presidente municipal Israel González Pérez de quien dice usar este tema para crear una “cortina de humo” sobre el caso del Centro Logístico de los Altos de Morelos, (obra fallida en el gobierno de Graco Ramírez siendo presidente municipal Javier Montes Rosales).
Se habla de “muerte civil” para indicar que una persona o entidad ha perdido una serie de derechos como consecuencia de algún tipo de comportamiento grave al margen de la ley.
Se trata, por lo tanto, de una especie de castigo excepcional, esta medida ya se ha usado en el mismo municipio morelense. En el año 2018 la comunidad indígena de Hueyapan recién había logrado su libre determinación, una de sus primeras medidas fue aprobar la muerte civil al exdiputado perredista Javier Montes Rosales y a su hermano David Montes por intentar apoderarse del concejo indígena.
Este concepto de muerte civil es considerada una ficción jurídica, ya que algo que no se ha producido (la muerte) se convierte en una realidad. Tiene sus precedentes en la Antigua Grecia, cuando la sanción del destierro equivalía a la actual muerte civil, ya que el desterrado no podía ejercer sus derechos en el lugar donde había nacido. Algo muy similar ocurría durante el medievo con las personas condenadas a prisión perpetua.
Al preguntarle al alcalde Israel González Pérez de la validez del acta donde se firmó esta nueva propuesta ciudadana para combatir la corrupción política, argumentó que es un acuerdo meramente social, “realmente sus derechos están protegidos, incluso la policía municipal tuvo que protegerlo para evitar que fuera agredido en la asamblea del domingo”, declaró el alcalde de Morena.
Bajo estas premisas el político corrupto sancionado con esta denominación, no podría volver a ocupar ningún cargo público, es como un mecanismo ciudadano para combatir la corrupción, dice una locataria del mercado local.
“Ni siquiera deberá poder estar en un comité del kinder de sus hijos”, señala la mujer al asegurar que el abogado le faltó el respeto a los integrantes del mercado.
Esta singular medida es una forma de castigar con mayor contundencia a la hora de sancionar a los corruptos, “queremos prevenir que la gente deshonesta o que ha demostrado que traiciona sus ideales no deba nunca ocupar puestos del servicio público”, dice uno de los ancianos que asistieron al Estadio Buitre, ahí se firmó el acta donde castigaron al asesor jurídico de las autoridades agrarias que por ignorancia o manipulación entregaron sus recursos naturales a la comunidad de San Miguel Huepalcalco.
En México es en el artículo 212 del Código Penal Federal establece, para los responsables de faltas administrativas graves, la pena de destitución y la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
Pero nada dice de civiles o personas que no estén en el servicio público, al ser una comunidad que se ha regido por la asamblea y el voto a mano alzada como una forma democrática de hacer presión a sus autoridades constitucionales.
Los pueblos han determinado esta medida disciplinaria como una forma pacífica de hacer justicia por propia mano ya que, consideran que el sancionado no deberá ocupar ningún cargo en comités de organización interna y esto no lo prevén los concejos electorales, “todo aquel falto de honorabilidad no debería ocupar nunca un cargo público”, sentencian.
