Ciudad de México, 29 de julio de 2020 (NACIÓN 14).- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que se hace una revisión a los códigos civiles estatales para eliminar resabios “inadmisibles y discriminatorios” contra los derechos de las mujeres.
En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria puso como ejemplo que en el caso de un feminicidio, los padres del victimario son quienes tienen el derecho a ejercer la patria potestad y la custodia, y no los padres de la víctima que son los abuelos maternos.
“Hay resabios todavía. Esto es verdaderamente inadmisible porque es uno de los temas más grandes de discriminación de los padres de las madres, de las mujeres. Siempre ha sido primero los padres del hombre, de los padres de la familia, los abuelos paternos y después los abuelos maternos, como si fuese tener un privilegio adicional”.
En ese sentido, llamó a los congresos locales a eliminar esos resabios en los códigos civiles para la impartición de justicia en delitos contra las mujeres.
La funcionaria destacó la importancia de capacitar en perspectiva de género a todas las instancias de gobierno local, municipal y desde luego federal.
“Te cambia radicalmente la visión de cómo atender un problema desde el punto de vista de la mujer (…) la perspectiva de género es fundamental”
En la conferencia matutina la funcionaria presentó el informe de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas y Adolescentes.
Indicó que el Grupo Intersecretarial de Estrategia contra Violencias trabaja de manera conjunta para la aplicación de este plan.
Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar, dijo, se reforzaron los servicios de protección, seguridad y atención psicosocial a la salud y jurídica.
El Indesol ha ejercido 554 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación en programas como los centros de refugio para mujeres. En estas instancias se ha atendido a cerca de 100 mil mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Las casas de las mujeres indígenas obtuvieron 16.5 millones de pesos; ahí se brindaron servicios y talleres para el desarrollo.
En los 48 Centros de Justicia de las Mujeres en el país se ha recibido a más de 97 mil personas y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres ejerce un presupuesto de 240 millones de pesos. Durante el primer semestre de 2020 se registraron 600 mil llamadas de mujeres en el 911.
“Todos los servicios disponibles están siendo utilizados por las poblaciones mencionadas”, aseveró la secretaria.
Resaltó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Programa Integral para la Prevención de Feminicidios denominado Misión Género, Mujeres, Paz y Seguridad, ha capacitado a 482 policías estatales y municipales que a su vez son capacitadores en el Protocolo Nacional de Actuación Policial para garantizar que las mujeres víctimas de violencia sea con enfoque de género y derechos humanos.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, aclaró que los recortes presupuestales por austeridad no afectan las funciones sustantivas en favor de la equidad de género.
“Los recursos del Instituto siguen apoyando las instancias estatales y municipales de las mujeres y seguimos trabajando y haciendo con el recurso más valioso que es el capital humano, el trabajo estratégico que es la transversalización, o sea, que cada una de las dependencias de gobierno, en cada uno de sus programas que ya definieron líneas de acción, trabajen para incorporar esta perspectiva de género y realmente llegar a lograr esta igualdad sustantiva”, puntualizó.
Agregó que “vamos a seguir haciendo lo que nos propusimos adaptados a la circunstancia en la que estamos y entendiendo que es la contribución que todas y todos tenemos que hacer para esta situación extraordinaria”.
Explicó que, además del Instituto Nacional de las Mujeres, el presupuesto está distribuido en seguridad pública —donde se financia el programa Mujeres Constructoras de Paz— para llevar a cabo acciones de atención a la violencia y Programas Integrales de Bienestar, donde la mayoría de las beneficiarias de los recursos que se distribuyen son mujeres.
Acompañaron al presidente la directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez; la directora de Protección Integral para las Mujeres de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (Segob), Alicia Leal Puerta y la coordinadora nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Leticia Ánimas Vargas.