Ciudad de México, 10 de octubre (NACIÓN 14).- Tras cuatro horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular el dictamen de reforma constitucional para evitar que los servidores públicos –particularmente los de los organismos autónomos federales y estatales– tengan una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.
El documento señala, en su régimen transitorio, que las remuneraciones de los funcionarios que sean superiores a lo que establece el decreto deberán ser disminuidas al año siguiente de aquél en que entre en vigor la reforma, siempre y cuando se haya cumplido con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Congreso de la Unión corregir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y aclarar cómo se debe calcular el sueldo del presidente de la República.
El dictamen –que modifica los artículos 116 y 127 de la Constitución Política– fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
A las 14:50 horas, el Pleno lo aprobó por mayoría calificada, en lo general y en lo particular con 322 votos en pro, 21 en contra y 81 abstenciones.
La discusión inició a las 11:50 horas, con la fundamentación del dictamen, en tribuna, por parte de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez (Morena), que fue la instancia que elaboró el documento.
Tras ello, la diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) presentó una moción suspensiva que fue rechazada por el Pleno.
La legisladora Carrillo Martínez señaló que las remuneraciones que perciben algunos servidores públicos son altas respecto de los tabuladores generales vigentes en el sector público y las que reciben sus pares en otros países.
Asimismo, dijo, no se ajustan a la reforma constitucional de 2009 que establece que ningún servidor público pueda tener un ingreso mayor que el del titular del poder Ejecutivo.
En ese sentido, subrayó que, la nueva reforma tiene el objetivo de fortalecer los principios constitucionales y modificar su ley secundaria, y se presenta bajo los principios de austeridad y racionalidad en el gasto.
Al término de la fundamentación, hicieron uso de la tribuna diputados de los ocho grupos parlamentarios para fijar la postura de sus bancadas, y después diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen.
A favor lo hicieron Alejandro Viedma Velázquez (Morena), María Chávez Pérez (Morena), Ana Karina Rojo Pimentel (PT), Ruth Salinas Reyes (MC) y Guadalupe Ramos Sotelo (Morena).
En contra, Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), Gloria Romero León (PAN), Claudia Pastor Badilla (PRI), Dulce María Sauri Riancho (PRI) y Jorge Arturo Espadas Galván (PAN).
