México, 12 de noviembre de 2020 (NACIÓN 14).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de Ley que envío a la Cámara de Diputados para regular la subcontratación y terminar con este mecanismo que de acuerdo con cifras oficiales, afecta a cerca de cuatro millones 600 mil trabajadores y a la Hacienda Pública.
Este mecanismo “se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal que afecta a los trabajadores porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicios”, dijo el mandatario en su tradicional conferencia matutina.
Desde Palacio Nacional y acompañado por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el mandatario firmó el documento que este día enviará al Poder Legislativo para su discusión y aprobación.
“Estamos seguros que los legisladores van a analizar a profundidad esta propuesta y en su caso podrá aprobarse y ojalá y sea lo más pronto posible”, expresó.
¿EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA DE LEY?
La propuesta de Ley para resolver los abusos de la subcontratación fue presentada por la secretaria del Trabajo, quien señaló que esta se basa en el principio de que “el trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía”.
En ese sentido, dijo que la propuesta consiste en regular tres figuras: la subcontratación de personal, los servicios especializados y las agencias de colocación.
En el primer caso se prohíbe la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra; es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros.
En el caso de los servicios especializados, se permite y se regula la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos.
Para este fin, se va a requerir autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las empresas que presten servicios especializados formarán parte de un padrón público disponible para cualquier ciudadano.
Finalmente, las agencias de colocación, estas podrán intervenir en el proceso de contratación, es decir, en lo que tiene que ver con el reclutamiento, con la selección, el entrenamiento, la capacitación, entre otros, pero en ningún caso el intermediario se considerara patrón ni podrá contratar en sustitución.
Resaltó que se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan, se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan.
¿CÓMO AFECTA AL TRABAJADOR EL OUTSOURCING?
La funcionaria compartió que hoy en día, según datos oficiales, hay cerca de cuatro millones 600 mil trabajadores en esquemas de subcontratación.
Dijo que con esta iniciativa se busca terminar con el subregistro de los trabajadores en el Seguro Social, es decir, patrones que inscriben a los trabajadores por debajo de sus salarios reales y que como consecuencia de esta acción, los trabajadores se jubilan con salarios muy por debajo de lo que ganan durante su vida laboral.
El registro de un trabajador con un sueldo menor, añadió, también afecta en sus fondos de vivienda, en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades.
Otra de las afectaciones que detectó la autoridad laboral respecto a la subcontratación, esta en el pago de reparto de utilidades, que de acuerdo con la ley, las empresas están obligadas a repartir un porcentaje del 10 por ciento a los trabajadores y con el esquema de subcontratación estas no se reparten.
Asimismo, la funcionaria destacó que la subcontratación o outsourcing impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva, por ende, la posibilidad de mejoras salariales.
También refirió, este mecanismo de contratación de personal, impide al trabajador crear una antigüedad laboral por los contratos temporales y que a su vez impide al trabajador acceder a determinadas prestaciones.
“Precisamente una de las prácticas que utilizan las empresas subcontratistas es despedir o dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos a finales de enero o febrero para no generar antigüedad y no adquirir derechos, rompiendo con la continuidad de la relación laboral”, explicó Luisa María Alcalde.
La titular de la STPS dijo que otra complicación que se ha detectado con la subcontratación es que los trabajadores al verse obligados a firmar contratos temporales con distintas empresas subcontratistas o empresas pagadoras, llega un momento en que desconocen quién les paga y qué empresa los tiene contratados.
Esa situación dijo, podría representar un problema para el trabajador al momento de exigir sus derechos o presentar una demanda pues no hay quién responda como patrón.
“El problema es que si al trabajador no le pagan su salario o lo corren sin alguna justificación no tiene a quién exigirle y, en una posible demanda, incluso resulta que la empresa, o no tiene patrimonio o la empresa ya no existe, porque son empresas fantasmas que se crean y desaparecen precisamente para evadir responsabilidades”, explicó.
Respecto a las afectaciones a la Hacienda Púbica dijo que el fenómeno de la subcontratación permite la creación de empresas fachadas y empresas factureras, que evaden impuestos y defraudan al fisco evadiendo las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las cuotas del Infonavit.
La reforma que prevé modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del ISR, Ley del IVA y al Código Fiscal será enviada este mismo día a la Cámara de Diputados para iniciar su discusión.
Hoy junto al Presidente presentamos iniciativa para terminar de tajo con los abusos de la subcontratación que tanto daño ha hecho a los trabajadores, a las empresas cumplidoras y a la Hacienda Pública.
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 12, 2020
Partimos del principio de que el trabajo es un derecho y no una mercancía. pic.twitter.com/TkndjtaUue