*Congreso de Baja California fraguó un fraude al aprobar la ampliación del mandato
Ciudad de México, 11 de mayo de 2020 (NACIÓN 14).- Por unanimidad de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley Bonilla, con la que se pretendía ampliar el periodo de gobierno del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla de dos a cinco años.
Luego de que el pleno de la SCJN sesionará virtualmente, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, concluyó que la ley que contemplaba darle tres años adicionales de gobierno a los que fue electo el gobernador Jaime Bonilla “es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático que esta constituye”.
Al dar su posicionamiento sobre la ley, Zaldívar aseguró que “Bajo la apariencia de que se estaba actuando en uso de su facultad legislativa, y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral, el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar por ley que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”.
Aseguró que su análisis constitucional parte de la premisa de que el proceso electoral 2018-2019 en el estado de Baja California se inicio, desarrolló y concluyó bajo la vigencia plena del articulo octavo transitorio original, que establecía una duración de la gubernatura de dos años.
En ese sentido, dijo “la pregunta inequívoca que se presenta ante nosotros es pues, ¿Si resulta inconstitucional la ampliación del periodo para el cual fue electo el gobernador de Baja California a través de una reforma a la Constitución local aprobada con posterioridad a la culminación del proceso electoral? La respuesta es a todas luces negativa, con el pretexto de usar su poder reformador de la Constitución y su competencia para decidir sobre su régimen interior, la legislatura local fraguó en realidad un fraude a la Constitución”.
Esto luego de que las Ministras y los Ministros recordaron que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución General las leyes electorales deben publicarse 90 días antes de que comience el proceso electoral y que no puede haber modificaciones fundamentales durante éste; por lo que, al haber modificado el periodo del gobernador electo una vez que culminó el proceso electoral, el Constituyente local incurrió en un fraude a dicho mandato.
Es así que el Pleno estuvo de acuerdo en que dicha modificación, violó diversos principios fundamentales del sistema democrático mexicano, como son: los principios de certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica; las bases constitucionales de la organización política de los Estados; el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad; así como los principios de no reelección y de irretroactividad de las leyes.
Desde diciembre pasado la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció la inconstitucionalidad, sin embargo solo faltaba el último paso que recaía en la Suprema Corte.
Como consecuencia de la invalidez del Decreto de reforma deberá tener aplicación el artículo transitorio en su redacción original, el cual señala que “el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.
La SCJN precisó que todos los actos o normas que hubieren derivado de la aplicación de la reforma deberán considerarse inválidos por derivar de una norma inconstitucional.
De este modo, en 2021 habrá 15 elecciones de gubernaturas en los siguientes estados incluida Baja California: Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potorsí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Luego de darse a conocer el fallo, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova reconoció la decisión de la SCJN al considerar que preserva la democracia y la división de Poderes.
Reconozco la decisión unánime de la @SCJN en favor de declarar inconstitucional la denominada #LeyBonilla en Baja California.
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) May 11, 2020
Esta decisión preserva la democracia y la división de Poderes, y hace valer el marco jurídico que le da certeza y legalidad a nuestro sistema electoral.
