México, 2 de marzo de 2021 (NACIÓN 14).- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó hacer público el expediente en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, como lo había sugerido el presidente López Obrador. Por el contrario, se señaló que solo estará disponible para consulta de las partes involucradas.
El diputado morenista Pablo Gómez que preside la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que lleva el caso del desafuero del mandatario estatal panista, detalló que el expediente solo estará disponible para consulta de la fiscalía, el gobernador y los cuatro diputados que integran esa instancia legislativa.
Explicó que como funcionarios públicos, los diputados están obligados a la secrecía que obliga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y no pueden revelar datos del proceso, porque este contiene -además de las pruebas- datos personales, ni involucrar situaciones que vayan en detrimento del inculpado, abundó.
Por lo que subrayó que solo a a esas personas se les puede hacer entrega de las copias que requieran.
La aclaración llega luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiriera a la Cámara de Diputados hacer público el expediente de Cabeza de Vaca, como en su momento, instruyó a la FGR compartir el expediente completo que el Departamento de Justicia de EUA entregó a México sobre las acusaciones en contra del general Salvador Cienfuegos.
“Ojalá y la Cámara de Diputados si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas; que se transparente, hablando del derecho a la información y de la transparencia. Eso va a ayudar mucho porque así se aclara. Le conviene a él, les conviene a todos”, habría dicho López Obrador en su conferencia matutina del 1 de marzo.
El Jefe del Ejecutivo dijo que debido a que existen señalamientos de que las acusaciones contra el gobernador tamaulipeco se fabricaron en Palacio Nacional, sostuvo que lo mejor para todos “es conocer el expediente”.
El presidente recordó que en el caso del general Salvador Cienfuegos, revelar el expediente sirvió para mostrarle a la sociedad que no existían elementos probatorios para sentenciar al exsecretario de Defensa.
“A nosotros nos ayudó mucho cuando dimos a conocer el expediente de la DEA en contra del general Cienfuegos. Si no se da conocer, imagínense, hubiésemos acabado como tapadera, encubridores, cómplices, imagínense los gritos de nuestros adversarios, de los conservadores, de la prensa fifí; pero como se dio a conocer el expediente y se vio que no hay elementos, pues ya no hay gritos”, explicó.
El presidente concluyó diciendo que hacer el expediente público garantizaría el derecho a la información, a la transparencia “y que no haya manipulación, que no haya linchamientos mediáticos”.
No obstante, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados descartó hacer público el expediente por los datos sensibles que contiene.
Cabe destacar que es atribución de la Sección Instructora abrir un periodo de pruebas, recibirlas, allegar otras que considere convenientes, calificarlas y una vez terminada la instrucción poner el expediente a la vista del denunciante para que pueda formular alegatos.
Las conclusiones de la Sección Instructora terminarán proponiendo que se declare que hay o no lugar a proceder en contra del servidor público denunciado por la conducta o el hecho materia de la denuncia que dio origen al procedimiento.
El dictamen que contiene las conclusiones se entrega a los secretarios de la Cámara de Diputados para que el presidente convoque a sesión y se resuelva la imputación. Reunida la Cámara se erige en órgano de acusación, previa declaración del presidente y, en ese momento, concluye sus funciones la Sección.
Cabe recordar que la FGR acusa a Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, sin embargo, Alonso Aguilar Zinser, abogado del gobernador del estado de Tamaulipas asegura que la acusación en contra de su cliente se sostiene en el hecho de haber recibido en 2019 depósitos por 42 millones de pesos por la venta de un departamento en la zona de Santa Fe en la Ciudad de México, por el cual presuntamente no pagó impuestos y destinó parte de los recursos en una empresa familiar.