Actualmente en nuestro país existen 32 códigos penales, uno por cada entidad federativa, más los códigos de Justicia Militar y Penal Federal. A estos se suman diversas leyes federales y locales que contienen distintas reglas para determinar lo que se considera un delito y cómo hay que sancionarlo.
El senador Ricardo Monreal subrayó que esta diversidad ha generado muchos problemas a la hora de procesar a las personas que infringen la ley, pues la variedad de definiciones impide que haya criterios y marcos de actuación comunes.
Además, imposibilita la coordinación entre las autoridades que conforman el sistema de justicia penal, lo que en lugar de ayudar a combatir y prevenir el delito, lo torna más complicado, lo que provoca que la impartición de justicia se vuelva compleja, burocrática y poco práctica.
Por eso, impulsa un proyecto para expedir un Código Penal Único que haga posible y más expedita la impartición de justicia, con criterios uniformes en cuanto a los bienes jurídicos titulados, la proporcionalidad de la pena y la propia tipificación de los delitos.
Para ello, Monreal propuso reformar el artículo 73 constitucional, a fin de facultar al Congreso de la Unión para diseñar una legislación única en materia penal, a fin de darle un giro a la realidad del sistema de justicia del país.
En México, enfatizó el senador, “la justicia depende de en qué lugar te encuentras. Lo anterior parece la cabeza de un periódico, pero no es más una realidad a la que ha contribuido la propia legislación”.
La variedad en la estructura y contenido de los 32 códigos penales estatales, acotó, vulnera los principios de igualdad y proporcionalidad en perjuicio de las y los mexicanos, al establecer elementos diferenciados. Por ejemplo, delitos como el feminicidio, la extorsión o el aborto se tratan de manera diferenciada, no siempre en beneficio de las personas.
“No podemos seguir teniendo distintos tipos penales dependiendo del estado donde se cometa cierto delito, o penalidades diferentes en cierto territorio”, manifestó el senador.
Es indispensable, agregó, que la ley sea la misma en el país y que se aplique con respeto a los derechos humanos y sus garantías y con apego a los tratados internacionales.
