Ciudad de México, 29 de abril de 2020 (NACIÓN 14).- Jorge Gaviño, diputado local del PRD y Mario Di Costanzo, consultor financiero y expresidente de la Condusef propusieron que se recurra a la emisión de bonos gubernamentales “bonos COVID”, en lugar de pedir de manera “voluntaria” a los servidores públicos renunciar a un porcentaje de su salario y su aguinaldo, lo cual coinciden es ilegal.
El Decreto de Austeridad del presidente, donde pide que “de forma voluntaria se reducirá el salario hasta un 25 por ciento a los mandos superiores de la Administración pública y de la misma forma, no tendrán aguinaldo ni ninguna otra prestación de fin de año”, para enfrentar la crisis que vive el país es considerado por el perredista una violación a la Ley Federal del Trabajo.
Durante una videoconferencia, el legislador dijo que en lugar de mochar el salario de los servidores públicos, es mejor crear lo que llamó Bonos Covid, un incentivo para el ahorro, que estaría encaminado a favorecer a los trabajadores al servicio del Estado. Y podría en algún momento proponerse para los gobiernos locales, como la Ciudad de México.
Por su parte, Mario Di Constanzo asegura que si bien es cierto, que el Decreto establece que la reducción será de forma “voluntaria”, el servidor público tomará la decisión presionado y con el temor de que su negativa pudiera generar algún tipo de represalia, por lo que seguramente tendrá que aceptar y “donar” un porcentaje de su salario.
Explicó que los “bonos COVID” serían “bonos cupón cero” (capital e intereses se pagarían hasta el final de su vigencia) y pagaderos a un plazo de 9 o 12 meses y otorgarían un rendimiento a los CETES, con garantía del Gobierno Federal.
El plazo de 9 a 12 meses se basa en una estimación del período para que las finanzas públicas empiecen a recuperarse.
Los bonos serían entregados a todos aquellos servidores públicos de nivel de mando, que quisieran contribuir y aportar desde 100 pesos en apoyo a las finanzas públicas, a manera de ahorro o inversión y, al vencimiento de dichos bonos, el gobierno le entregaría al servidor público el capital más los intereses generados en el período.
El expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros comentó que es absurdo y un sacrificio poco ético perjudicar a 50 mil 742 servidores públicos que corresponden a mandos que son objeto del tratamiento establecido en el Decreto de Austeridad, es decir desde Subdirectores hasta Secretarios de Estado, para obtener un equivalente de ahorro de uno por ciento, de los gastos que realiza el Gobierno federal en servicios personales (un aproximado de 825 mil millones de pesos). No es un recurso que alcance para fondear el programa económico, concluye.
Los bonos COVID se entregarían a cada servidor público que quisiera contribuir al Gobierno Federal mediante el ahorro a través de estos nuevos instrumentos, de tal manera que si a los servidores públicos se les ofreciera la posibilidad de ahorrar en vez de donar ese 25 por ciento, los recursos con los que podría contar el gobierno serían al menos los mismos de los que se obtendrían de la aplicación del Decreto; y en un plazo de 9 a 12 meses el Gobierno los reintegraría con los intereses generados.
Explicó que, en virtud que la posibilidad de ahorro es desde 100 pesos quincenales, se podría hacer extensivo a todo el personal de mando del Poder Ejecutivo, es decir, a las 105 mil plazas, lo que de inicio prácticamente duplicaría a los posibles aportantes, permitiéndoles generar un ahorro si así lo decidieran, refirió Di Constanzo.
Finalmente dijo que el Congreso tendría que aprobar la cuantía de la emisión de estos bonos, ya que será una obligación pagadera por el Gobierno Federal.
