Ciudad de México, 6 de abril de 2020 (NACIÓN 14).- El gobierno local viola e incurre en una falta a la Constitución federal, en su intento de espiar de forma telefónica a los capitalinos bajo el pretexto de “monitorear” el coronavirus.
Por esta razón, el diputado local Federico Döring presentó una queja ante Derechos Humanos en contra de las autoridades locales y funcionarios que puedan ser acreedores a una sanción, por el delito de mal uso de información privada que generan las empresas al Gobierno bajo el contexto de la epidemia mundial.
“El Gobierno de la ciudad no puede usar el aislamiento y el monitoreo del mismo como pretexto para establecer un “Big Brother” sanitario, no puede tener acceso a mis datos personales ni a la georeferenciación de dónde voy de un lugar a otro en esta ciudad”, expresó.
De acuerdo a la queja ya presentada por el panista, se indica que “la restricción o suspensión de derechos humanos es una atribución exclusiva del Presidente, siempre y cuando, se cumplan las formalidades establecidas en el artículo 29 constitucional, y desde luego, no es el caso”.
El legislador reprobó que el Gobierno obligue, por disposición, a las empresas de telefonía a abrir su información y dar acceso a las antenas de los equipos que manejan los citadinos.
“La Comisión de Derechos Humanos debe requerir información y tenga acceso a lo que se le está proporcionando al Gobierno diariamente, para verificar si esto esta contraviniendo las garantías individuales de la ciudadanía o si en verdad son datos genéricos”.
Negó confiar en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), donde se mantendrá un monitoreo constante del movimiento y contacto entre las personas en la Ciudad, con el objetivo de identificar si las personas cumplen con el aislamiento.
“Es violatorio de derechos humanos y, por lo tanto, es inconstitucional”, reiteró.
