México, 14 de enero de 2021 (NACIÓN 14).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche de este jueves que ante la falta de elementos probatorios, concluyó no ejercer acción penal en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue acusado y detenido en Estados Unidos en octubre pasado por conspirar para fabricar, importar y distribuir drogas a ese país y por lavado de dinero.
En un comunicado de prensa, la FGR detalló que luego del análisis correspondiente de las pruebas presentadas por la DEA y las evidencias obtenidas por la propia fiscalía, se concluyó que el General Salvador Cienfuegos no tuvo comunicación ni protegió a miembros del Cartel H2, como lo habían asegurado las autoridades norteamericanas.
“Nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”, se lee en el documento que descarta la versión acerca de que el General Salvador Cienfuegos advertía al Cartel H2 sobre los operativos del Ejército a cambio de sobornos.
La Fiscalía General de la República refiere además que, tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso, como lo exponían las autoridades norteamericanas quienes aseguraban haber interceptado miles de comunicaciones a través de BlackBerry Messenger que el exsecretario de la Defensa mantuvo con esa organización criminal.
Asimismo, la fiscalía añade que no se detectó dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.
“Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda”, concluye el informe.
La Fiscalía hizo un recuento del caso Cienfuegos, desde la fecha en que inició la investigación de la DEA hasta el regreso del militar mexicano a nuestro país y el inicio de una investigación por parte de la propia Fiscalía.
En ese sentido, la FGR recordó que desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de las autoridades mexicanas, una investigación en contra de quien estuvo al frente del Ejército mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Dicha investigación refiere continuó durante la presente administración derivando en la detención del militar mexicano el pasado 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, acusado de cometer delitos contra la salud y lavado de dinero.
Luego de cinco semanas de haber sido detenido el General Cienfuegos, el procurador general William Barr y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero informaron que se desestimarían los cargos en contra del militar para que pueda ser investigado en su país.
Durante el lapso de su detención, y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso.
Y finalmente, el 18 de noviembre de 2020, el General Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas, al Ministerio Público Federal (MPF) mexicano, informando a dicha persona que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas pero se iniciaría una investigación en México.
Así, el 9 de enero de 2021, el General Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal.
“A partir de esa fecha, refiere, dicha persona aportó sus elementos de prueba; y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”.
Así, la FGR determinó este 14 de enero de 2021 que no existen pruebas en contra del general que permitan juzgarlo por algún delito.
