La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por mayoría de votos que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, incurrió en violencia política de género al manifestar la existencia de fotografías de carácter íntimo de algunas diputadas federales del PRI.
Lo anterior lo hizo la mandataria campechana en su programa “Martes del Jaguar”, en el que además sostuvo que las legisladoras tuvieron que enviar esas imágenes a su dirigente para alcanzar sus puestos.
Las declaraciones fueron retomadas y difundidas por diversos medios de comunicación.
Una diputada federal del PRI acudió ante el Tribunal Electoral para interponer una denuncia, considerando que las declaraciones de Sansores San Román excedieron la libre expresión y constituyeron violencia política de género.
#Boletín | La gobernadora de Campeche violentó los derechos políticos y electorales de diversas diputadas federales del PRI, determinó la #SalaSuperior.
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— TEPJF (@TEPJF_informa) November 23, 2022
La Sala Superior en sesión presencial, determinó que las manifestaciones de Layda Sansores afectaron los derechos político-electorales de las diputadas federales del PRI, ya que afectaron el goce y ejercicio del cargo para el que fueron electas.
Por lo anterior, se ordenó a la gobernadora de Campeche que elimine todas las publicaciones en las que se difunda el mensaje denunciado, tanto en sus redes sociales, como en las del gobierno del estado.
Además, se ordenó a la gobernadora que se abstenga de emitir comentarios sobre las fotografías de las diputadas, además de que deberá emitir una disculpa pública en el programa “Martes del Jaguar” y a través de su cuenta de Twitter.
En este sentido, la Sala Superior consideró que la empresa Meta, así como sus filiales Facebook, Instagram y WhatsApp, deben asegurarse de que en México se atiendan posibles actos de violencia política de género.
Finalmente, se le ordenó a la empresa Meta ampliar sus políticas para que se detecten, eliminen y reporten los casos de violencia política de género. Esto, con la finalidad de denunciar o, en su caso, coadyuvar en el seguimiento de denuncias. Por tanto, una vez que se cuenten con esas políticas, se deberán informar públicamente.
Al respecto, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso se manifestó en contra del criterio y el magistrado Indalfer Infante Gonzales se apartó de una de las medidas de reparación ordenadas. Específicamente, de la emisión de una disculpa pública (SUP-JDC-613/2022).
Con información de López-Dóriga Digital
