México, 23 de junio de 2020 (NACIÓN 14).- La Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas concedió la suspensión definitiva a comunidades indígenas, que impide los trabajos de construcción del Tren Maya en el tramo 1, el cual va de Palenque a Escárcega por considerar que atenta contra el derecho a la salud consagrado en el artículo IV de la Constitución Mexicana.
El día 7 de mayo, comunidades pertenecientes al pueblo Ch’ol, las cuales habitan en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo presentaron una demanda de amparo en contra del Presidente de la República, del Secretario de Salud Federal y del Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por la emisión tanto del acuerdo del día 06 de abril, emitido por el Secretario de Salud, como del Decreto del 23 de abril, firmado por el Presidente de la República, mediante los cuales se determinaba la continuación del proyecto denominado “tren maya” entre otros proyectos sexenales, a pesar de la pandemia derivada del COVID-19.
En dicho amparo se argumentaron violaciones a su derecho a la salud, así como afectaciones ambientales y a sus derechos como comunidades indígenas
Este día se dio a conocer que el 22 de mayo, la jueza determinó conceder la suspensión definitiva a los integrantes de las comunidades de Ch’ol, con lo cual existe una obligación tanto de Fonatur como de las empresas ganadoras de la licitación en ese tramo, de detener todo trabajo que no sea de mantenimiento a las vías ya existentes hasta que el juicio de amparo no sea resuelto de manera definitiva.
“Colisiona con el derecho a la salud de los quejosos (y también de la colectividad) ante el fenómeno de salud imperante en el país, reconocido a nivel nacional, estatal y municipal”, señaló la jueza.
Asimismo, las comunidades de indígenas de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo señalaron que de este juicio de amparo, se ha derivado información que exhibe que el proyecto denominado Tren Maya carece de sustento legal, como por ejemplo la ausencia de manifestación de impacto ambiental del proyecto, así como irregularidad en el proceso de licitación, además de violaciones a los derechos de los pueblos originarios, razón por la cual, los integrantes de las comunidades han decidido ampliar la demanda de amparo señalando estas violaciones, lo que obligará al Poder Judicial Federal analizar el proyecto de fondo.
Apenas el pasado 4 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dado el banderazo de inicio a las obras del tramo 1 del Tren Maya.
Pidió a la empresa Mota-Engil, responsable del tramo 1, cumplir en los 20 meses acordados la construcción de 228 kilómetros con un costo cercano a los 15 mil millones de pesos.
El jefe del Ejecutivo resaltó que el Tren Maya es un proyecto histórico que, además de comunicar las ciudades mayas que tienen la riqueza arqueológica más importante del mundo, creará 80 mil empleos directos durante su construcción. En el tramo de Palenque a Escárcega se generarán 20 mil empleos directos.
