La muerte de Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis ha desatado un intenso debate jurídico y político en Estados Unidos. Mientras el vicepresidente JD Vance aseguró que el agente involucrado goza de “inmunidad absoluta”, especialistas en derecho y autoridades locales rechazan esa interpretación y advierten que el caso podría derivar en un proceso penal.
El agente, identificado como Jonathan Ross, participaba en una operación federal cuando ocurrió el incidente el pasado miércoles. Desde el inicio, la administración de Donald Trump ha sostenido que actuó en defensa propia, al argumentar que la víctima intentó atropellarlo con su vehículo, por lo que consideran que su actuación fue justificada.
No obstante, Emmanuel Mauleón, experto en derecho policial de la Universidad de Minnesota, afirmó que no existe base legal para hablar de inmunidad absoluta en el caso de agentes federales. Explicó que estos funcionarios pueden contar con otro tipo de protección jurídica, como la llamada inmunidad de supremacía, la cual solo aplica cuando el agente actúa dentro de los márgenes de la ley y de manera necesaria y proporcional.
Mauleón subrayó que, si se determina que el uso de la fuerza fue negligente, imprudente o injustificado —en contravención de la Cuarta Enmienda, que protege contra detenciones o usos de fuerza irrazonables—, dicha inmunidad dejaría de operar. En ese escenario, el agente podría enfrentar cargos que van desde imprudencia temeraria hasta homicidio involuntario o asesinato, tanto bajo legislación estatal como federal.
En la misma línea, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, negó que el agente cuente con inmunidad absoluta y dejó abierta la puerta a posibles responsabilidades penales, dependiendo de los resultados de la investigación.
El caso ha sido comparado con el asesinato de George Floyd en 2020, también en Mineápolis, donde el exagente Derek Chauvin fue condenado tanto en tribunales estatales como federales por el uso excesivo de la fuerza y la violación de derechos constitucionales. Aquella sentencia marcó un precedente clave sobre la rendición de cuentas de los cuerpos policiales.
La investigación por la muerte de Renee Good está siendo encabezada por el FBI, lo que ha generado tensiones con autoridades estatales y locales. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, han solicitado acceso al expediente, pero han denunciado bloqueos por parte del gobierno federal.
Ante el temor de una investigación opaca, la fiscalía del condado abrió un canal para que ciudadanos entreguen formalmente videos y pruebas del incidente, con el objetivo de garantizar transparencia. Para Mauleón, existe una preocupación legítima de que el caso sea cerrado de manera prematura, especialmente cuando figuras del gobierno federal ya han calificado la actuación del agente como justificada antes de que concluyan las indagatorias.
El desenlace legal del caso podría convertirse en una nueva prueba sobre los límites de la inmunidad de los agentes federales y la capacidad del sistema judicial estadounidense para sancionar el uso indebido de la fuerza.
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