A través de un comunicado, la FGR recordó que Álvarez Puga cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Tras su captura, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciar el trámite de detención provisional con fines de extradición ante el Gobierno estadounidense.
Un juez migratorio en EE.UU. concedió la deportación del empresario el pasado 17 de octubre, sin embargo, su defensa interpuso un recurso para frenar la orden. Será el 12 de noviembre cuando se determine si procede la extradición.
Actualmente, Álvarez Puga permanece recluido en el centro de detención de migrantes de Krome North, en Florida, mientras continúa el proceso legal.
La FGR acusa al empresario, a Gómez Mont y a otras diez personas de desviar más de 3 mil millones de pesos mediante una red de empresas factureras utilizadas para obtener contratos con penales federales.
Además, se le vincula con un historial de evasión fiscal desde 2010, cuando la entonces PGR y el SAT intervinieron sus oficinas por asesorar a clientes en esquemas ilegales para evadir impuestos y pagos al Seguro Social.
De acuerdo con investigaciones previas, incluso el New York Times reportó en 2012 que una de sus compañías operaba como una matriz de firmas fantasma. Si es hallada culpable, su esposa, Inés Gómez Mont, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
