La Cámara de Diputados aprobó este martes la nueva Ley General en materia de Extorsión, una reforma de amplio alcance que homologa este delito en todo el país y endurece sus sanciones. El dictamen fue avalado con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, y ahora quedó en manos del Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 20 de octubre, busca cerrar los vacíos legales que permitían que la extorsión se castigara de manera distinta en cada estado, lo que dificultaba la persecución del delito y fomentaba la impunidad.
Penas más altas y nuevos supuestos agravantes
La ley establece que cualquier persona que obligue a otra a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, buscando un beneficio propio o causando daño patrimonial, físico, moral o psicológico, enfrentará penas de 15 a 25 años de prisión.
Además, se contemplan incrementos adicionales en casos específicos:
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De 5 a 12 años extra si la extorsión se comete mediante dispositivos, plataformas o medios electrónicos de comunicación.
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De 7 a 17 años más cuando se utilicen armas reales o simuladas, o cuando se afecte la economía de una comunidad.
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De 10 a 20 años para servidores públicos que participen en estos delitos, abusando de su cargo.
Con estas disposiciones, las penas máximas podrían alcanzar hasta 42 años de cárcel, dependiendo de los agravantes.
Cambios a otros marcos legales
La reforma también modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Nacional de Extinción de Dominio y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de reforzar las herramientas legales para investigar y sancionar este delito.
Un delito en expansión
La urgencia de la reforma se respalda en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contabilizó 10,804 víctimas de extorsión al cierre de 2024, una tendencia que se ha mantenido al alza.
Con esta aprobación, el gobierno federal busca unificar criterios, fortalecer la persecución penal y reducir los márgenes de operación de las redes de extorsión, uno de los delitos más extendidos y dañinos en México.
El decreto ya fue enviado al Ejecutivo, quien deberá publicarlo para que la nueva ley entre oficialmente en vigor.
