El exdelantero de las Chivas del Guadalajara, Omar Bravo, fue vinculado a proceso y deberá permanecer en prisión preventiva en el Reclusorio Metropolitano del Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco, tras ser acusado de abuso sexual infantil agravado.
Durante la audiencia, un juez de Control decretó la legal detención del exjugador y determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras el Ministerio Público continúa con las indagatorias.
Bravo fue detenido el sábado 4 de octubre en el municipio de Zapopan, luego de que una menor de edad lo denunciara por presuntos abusos ocurridos en distintas ocasiones durante los últimos meses. Según la Fiscalía del Estado de Jalisco, el exfutbolista “habría abusado de una adolescente en repetidas ocasiones” y existen indicios de que anteriormente “habría cometido acciones similares”.
El diario Reforma reportó que la víctima, hoy adolescente, presentó una grabación de video como prueba, donde se observa uno de los presuntos abusos cometidos por Bravo. Dicho material fue clave para que el juez girara la orden de aprehensión. La denuncia fue interpuesta el 30 de septiembre, y de acuerdo con fuentes judiciales, los abusos habrían iniciado en 2019, cuando la víctima tenía 11 años.
Las investigaciones indican que los ataques comenzaron como tocamientos y proposiciones sexuales cuando la madre de la menor no se encontraba en casa, y que Bravo incluso amenazó a la víctima para impedir que lo denunciara.
Penas por abuso sexual infantil en Jalisco
El Código Penal del Estado de Jalisco establece penas que van de tres meses a 20 años de prisión, dependiendo de la edad de la víctima y las circunstancias del delito:
- 3 a 5 años de prisión si la víctima tiene entre 15 y menos de 18 años y el acto ocurre mediante engaño o seducción.
- 8 a 15 años si el hecho se comete sin consentimiento o la víctima carece de capacidad para resistirse.
- 12 a 20 años cuando la víctima es menor de 15 años.
El exgoleador histórico del Guadalajara permanecerá en Puente Grande mientras la autoridad judicial determina su situación legal definitiva.
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