Ciudad de México, 10 de enero (NACIÓN 14).-La falta de voluntad política del gobierno y de funcionarios de Claudia Sheinbaum para acatar los criterios de la normatividad federal vigente en materia de telecomunicaciones, repuntó las amenazas y secuestros virtuales desde las cárceles y reclusorios.
Para el diputado local Federico Döring existen ambigüedades en el marco jurídico que rige a la Federación y que debe acompañar también el gobierno local, en materia de control y bloqueo de señales 3G, 4G y LTE al interior de los reclusorios.
Döring pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, coordinar esfuerzos con la Ciudad y trabajar junto con el gobierno local y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX, en el ingreso de aparatos de comunicación y filtros, así como en la revisión de la situación actual de los inhibidores de señal instalados en los 14 centros de reclusión de la CDMX.
Señaló que el gobierno local, la falta de políticas de revisión y control para evitar que los reos cuenten con dispositivos de telefonía celular al interior de los mismos.
De acuerdo al Centro Nacional de Información, los reos tienen hasta 12 mil líneas telefónicas para realizar llamadas de extorsión y otros delitos, situación que ha dejado de lado a la autoridad.
En este sentido, Döring como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, instó a las empresas de telefonía móvil, sensibilizarse de la situación y solidarizarse con las víctimas, poniendo candados y facilitando información a la autoridad para el rastreo o bloqueo oportuno de los números “criminales”.
El legislador del GPPAN, afirmó que a los gobiernos federal y local les “tiembla la mano” para aplicar la ley en contra de los funcionarios que violan el artículo 128 de la Ley de Centros de Reclusión del DF. La cual es muy explícita al mencionar que habrá sanción en contra de quienes permitan el ingreso de armas, teléfonos o instrumentos de comunicación a los Centros de Reclusión.
Finalmente, Döring advirtió que el Gobierno local debe conocer los nombres y cargos de los funcionarios y servidores públicos responsables de los penales con alta incidencia en reportes de extorsiones telefónicas, por lo que solicitó hacer pública una denuncia para identificarlos.
