México, 23 de junio de 2020 (NACIÓN 14).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió declarar improcedentes las medidas cautelares solicitadas en contra del Presidente de la República y del Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, por indebida utilización de recursos públicos y expresiones de carácter electoral en la “Mañanera” del 9 de junio cuando dieron a conocer la presunta existencia del Bloque Opositor Amplio (BOA).
La queja fue presentada por los partidos PAN y PRD luego de que el gobierno denunció en la conferencia mañanera la existencia del BOA, presuntamente conformado por empresarios, periodistas, gobernadores y expresidentes, entre otros personaje críticos para debilitar a Morena de cara los comicios de 2021 y en 2022 con la revocación de mandato.
El mandatario defendió su derecho de dar a conocer el documento titulado “Rescatemos a México”, pues dijo que los ciudadanos deben estar informados porque es una democracia y se actúa con transparencia e instruyó a su vocero a darle lectura durante la conferencia.
Asimismo, al finalizar la conferencia, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez compartió en sus redes sociales el documento del BOA, donde se enlista la presunta estrategia para arrebatarle la presidencia a López Obrador y aseguró que el documento fue dejado en Palacio Nacional por un desconocido, información que fue aprovechada por la oposición para criticar la autenticidad del manifiesto y asegurar que dicho movimiento político era una fabricación del gobierno.
El pdte. @lopezobrador_ difundió un documento llegado a Palacio (cuyo origen y autenticidad desconocemos) que propone la conformación de un bloque opositor para arrebatar la presidencia en el 2021, en el que participan partidos, empresarios, medios, intelectuales, periodistas. pic.twitter.com/zfXSlGdUYP
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) June 9, 2020
En ese sentido, la Comisión de Quejas estableció que “si bien se consideró, desde una óptica preliminar, que los hechos denunciados pudieran resultar ilícitos por constituir propaganda gubernamental con contenido prohibido y proveniente de una fuente desconocida y aparentemente carente de autenticidad y validez, lo que pudiera afectar la equidad en la contienda y las preferencias ciudadanas, esta Comisión considera que no se surten los requisitos… [previstos en la jurisprudencia 14/2015, de rubro MEDIDAS CAUTELARES SU TUTELA PREVENTIVA] relativos a que dicha conducta continuará o se repetirá en el tiempo porque, en este momento, no se cuenta con constancia o prueba en ese sentido, de ahí que no resulte procedente otorgar una medida cautelar, en la vertiente de tutela preventiva”, concluyeron los comisionados.
No obstante, la resolución añade que debido a que actualmente están en curso dos procesos electorales locales (Coahuila e Hidalgo) y que, a partir de septiembre próximo dan inicio los procesos electorales federal y locales en todo el país, si las conductas -como la advertida en este asunto-, continúan o se repiten en lo futuro entonces esta Comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrollan los procesos electorales.
Asimismo, la Comisión de Quejas y Denuncias recordó a los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno, especialmente y de manera destacada al Presidente de la República y al Vocero de esa dependencia pública (por ser los sujetos denunciados en este asunto), a fin de que, en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcándoles “la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales” y “de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad”.
El acuerdo fue adoptado por votación unánime de las Consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así como del Consejero Jaime Rivera, integrantes en pleno de la Comisión de Quejas y Denuncias.
