Ciudad de México, 21 octubre (NACIÓN 14).- Este lunes, el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal a cargo del magistrado Ricardo Paredes Calderón revocó la medida cautelar de prisión preventiva a Rosario Robles y ordenó una nueva audiencia para que se revise si la orden de prisión preventiva debe mantenerse o si la exfuncionaria enfrentará su proceso en libertad.
La extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se encuentra recluida en Centro Femenil de Reinserción Social, Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto pasado, luego de que fue vinculada a proceso por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, por presuntamente no haber denunciado, ni evitado el desvió de más de 5 mil millones de pesos del erario público.
De acuerdo con Julio Hernández Barros, abogado de Robles, explicó que el el magistrado Ricardo Paredes Calderón estimó que la prisión preventiva justificada impuesta a Rosario Robles por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna “estuvo plagada de irregularidades e inconsistencias”.
“Lo que resuelve el tribunal es revocar esa prisión preventiva que dictó el sobrino de Dolores Padierna y reponer la audiencia para que se revise si nos concede la libertad para seguir el proceso en esa condición”, señaló.
#Comunicado Tribunal Federal ordena reponer el procedimiento que determinó prisión preventiva de Rosario R.
— CJF (@CJF_Mx) October 21, 2019
Ello no implica la puesta en libertad de la imputada. El Juez de Control establecerá si es una medida proporcional, idónea y de menor lesividad para comparecer a juicio. pic.twitter.com/dwHoptQGRH
El litigante indicó que aún no hay fecha establecida para la realización de la nueva audiencia, pero tendría que ser esta misma semana, ya que se trata de un tema grave que “implica la libertad de una persona, uno de los derechos fundamentales más protegidos por la legislación local y convencional”.
De acuerdo con el abogado, la ley prevé 14 medidas cautelares que van desde la entrega de pasaporte y documentación migratoria, prisión domiciliaria, uso de brazaletes, obligación del acusado de acudir a firmar periódicamente, entre otros.
