La Presidencia de la República ha declarado que las actividades de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras dependencias son llevadas a cabo de acuerdo con la ley y no están dirigidas a obtener información sobre la vida privada de figuras políticas, sociales y mediáticas.
Según un comunicado emitido por la dependencia, estas actividades de inteligencia se realizan únicamente para ayudar en la procuración de justicia. Sin embargo, ha habido casos en los que la información recopilada a través de estas actividades ha llevado a la vinculación de algunas personas con organizaciones delictivas.
Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional.https://t.co/7xVDsvgX0Z pic.twitter.com/7QcGXKU5cK
— Gobierno de México (@GobiernoMX) March 23, 2023
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado las acusaciones de que la Sedena, a través del Centro Militar de Inteligencia, esté llevando a cabo espionaje mediante el malware Pegasus.
En cuanto a la intervención del teléfono del activista de derechos humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, el presidente ha explicado que estaba hablando con un presunto narcotraficante que estaba siendo investigado y que por eso se obtuvo la grabación.
El comunicado de la Presidencia ha dejado claro que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y la inteligencia sólo pueden intervenir las comunicaciones privadas con una orden judicial.
El objetivo de todas estas actividades de inteligencia es combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico, y sólo se han detenido a personas relacionadas con estos delitos.
En relación con los documentos difundidos en los medios de comunicación sobre presuntos actos de espionaje, la Presidencia ha aclarado que no son oficiales y no están firmados ni avalados por ninguna autoridad competente, por lo que son falsos.
Además, ha señalado que, debido al ciberataque sufrido por la Sedena, algunos formatos de informes militares quedaron expuestos al público, lo que podría permitir que personas ajenas al instituto armado creen documentos para perjudicar su imagen.
Por último, la administración actual ha informado que la autoridad judicial ha detenido a 1.393 personas, incluyendo a 27 líderes presuntos de organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, como Ovidio «N», José Guadalupe «N», Gerardo «N», José Antonio «N» y José Alfredo «N».
