México, 19 de marzo de 2021 (NACIÓN 14).- Este viernes comenzó el desahogo de testimonios en el procedimiento de desafuero que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados sigue contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de adquirir un departamento con recursos de procedencia ilícita y de no pagar los impuestos por su posterior venta.
Luego de que el pasado 14 de marzo la Sección Instructora aprobó hacer públicas las audiencias en el caso de la solicitud de procedencia contra el mandatario tamaulipeco, este viernes mediante la plataforma virtual de la Cámara de Diputados, se compartió la primera sesión de pruebas testimoniales.
Durante la sesión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que lleva el caso del desafuero del mandatario estatal panista estuvieron presentes, el diputado morenista Pablo Gómez, presidente de la Sección; Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda; Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación y Francisco Javier Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas y el resto de los integrantes de la Sección.
Durante la primera media hora de la sesión se discutió si se celebraría o no la audiencia de manera pública, con la oposición del abogado del inculpado.
Al inicio de la sesión, Alonso Aguilar Zinser, abogado del mandatario de Tamaulipas, pidió la palabra para solicitar que no se llevará a cabo dicha audiencia por considerar que se violarían los derechos y principios de presunción de inocencia de su defendido, previstos en el articulo 26 de la Constitución Mexicana y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, el abogado Aguilar Zinser dijo que los funcionarios citados a participar en la audiencia están legalmente impedidos para proporcionar datos relativos a la carpeta de investigación y específicamente a proporcionar información respecto a las actuaciones que por motivo de sus cargos llevaron a cabo en el presente asunto, esto basándose en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales Federal que establece que en la etapa de investigación todas las actuaciones y registros son estrictamente reservados y en el artículo 362 del mismo Código, que establece que como funcionarios públicos tienen la obligación de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón de su oficio o profesión y abstenerse de declarar.
No obstante, al intentar poner a consideración de los integrantes de la Sección Instructora la propuesta del abogado de que no se celebrara de manera pública la audiencia, la mayoría coincidieron en que no era necesario llevar a cabo una votación puesto que con anterioridad ya se había determinado llevar la diligencia a cabo.
Fue hasta aproximadamente 30 minutos después de iniciada la sesión que dio comienzo la audiencia de desahogo de testimoniales, con la participación de Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, quien respondió las preguntas que la Sección Instructora y la defensa le realizaron en calidad de testigo.
En primer lugar, explicó que la querella que formuló en contra del gobernador de Tamaulipas fue “a consecuencia de un citatorio que recibió la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Fiscalía General de la República (FGR), en consecuencia de esa situación nos dieron a conocer diversos documentos en los cuales pudimos advertir que se podría configurar algún delito”.
El procurador, también señaló que la querella presentada se refiere únicamente a la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al ejercicio fiscal 2019 y descartó que el pago que presuntamente no se hizo en su momento, pueda ser liquidado en un año posterior.
El procurador dijo que así esta estipulado en el Artículo 109 del Código Fiscal de la Federación que dicta: “No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales”.
Es decir, que si una vez presentada la querella se realiza el pago respectivo, ya no es considerado un pago espontáneo y por lo tanto, sí hay una responsabilidad penal.
#Defraudar al Fisco es un acto de grave impacto para la sociedad.
— Carlos Romero Aranda (@cromero_aranda) March 19, 2021
Contamos con las #herramientas legales para procurar #justicia y las utilizaremos sin reservas cuando las evidencias lo revelen. Nos guiamos por las #pruebas y la #ley en todos los asuntos a nuestro cargo. pic.twitter.com/Z9LSmFdINy
Las representantes de la FGR (dos mujeres que no se identificaron) quienes no estuvieron presentes durante alrededor de 40 minutos de la sesión debido a fallas técnicas, descartaron en su oportunidad realizar preguntas al Procurador. Su ausencia durante los primeros minutos de la sesión provocó la molestia de la defensa y del inculpado debido a que no estuvieron al momento que se presentó la petición de suspender la audiencia pública.
Al retomar el ritmo de la audiencia, el abogado Aguilar Zinser pidió al Procurador fiscal revelar si conoce el contenido completo de la carpeta de investigación que originó la solicitud de procedencia de la Fiscalía a lo que Carlos Romero respondió que “efectivamente no conozco el contenido de la carpeta” debido a que quien compareció y quienes llevaron el análisis de la misma fueron los peritos adscritos a la Procuraduría.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien también se presentó en calidad de testigo requerido por la Sección Instructora, fue igualmente cuestionado por los presentes.
Detalló que las investigaciones que derivaron en la solicitud de declaración de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca tienen que ver con la venta que hizo de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México en 42 millones de pesos.
Sin embargo, también exhibió otros inmuebles de su propiedad: un rancho en Soto la Marina, Tamaulipas valuado en 63.4 millones de pesos, escriturado a nombre de una empresa de naturaleza familiar y otro rancho en Tamaulipas valuado en 38 millones de pesos, adquirido por una empresa fantasma relacionada con Bernando “N”, socio de Francisco Cabeza de Vaca.
Así como otros inmuebles en Reynosa y en McAllen Texas que fueron adquiridos como por el gobernador, familiares o socios, de acuerdo con datos compartidos por agencias internacionales, informó Nieto Castillo.
Nieto Castillo explicó que, para la compra del inmueble en Santa Fe, el gobernador pidió un crédito por 14.5 millones de pesos a una Sofom que ha recibido recursos de empresas fachada relacionadas a su vez con empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
No obstante, reconoció que eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el gobernador.
Asimismo, Santiago Nieto, reveló que existen 23 contratos de la empresa Construcciones y Mantenimiento ‘R”, por 400. 8 millones de pesos, relacionados con el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca.
Nieto Castillo señaló que como titular de la UIF tiene facultades para proporcionar a las autoridades competentes nacionales o extranjeras la información y documentación en la materia de su competencia y también dejo en claro que el art 115 de la Ley de Transparencia establece que no procede la reserva de información ante presuntos actos de corrupción.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la República acusa al gobernador de Tamaulipas de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Para poder juzgarlo, el pasado 23 de febrero, la FGR solicitó a la Cámara de Diputados el inicio del proceso de desafuero contra el gobernador tamaulipeco y con esta diligencia inicia el periodo de pruebas (30 días), tanto de la parte acusadora como del acusado.