México, 10 de marzo de 2021 (NACIÓN 14).- Con 316 votos a favor y 129 en contra la Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Aunque esta nueva legislación representa un avance en el tema, los consumidores aseguran que no cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de legislar a favor del derecho al libre desarrollo de la personalidad porque además, mantiene el delito de posesión simple.
#ÚltimaHora 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. Avalan, en lo general, dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del #Cannabis, y reforma y adiciona la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. https://t.co/F2pUGqJoNH
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 10, 2021
En la sesión semipresencial que se llevó a cabo este día, los diputados aprobaron que sean 28 gramos la cantidad permitida en la portación de marihuana, para consumo lúdico, y no cinco como estaba anteriormente, sin embargo, se establece que en aquellos casos en los que una persona esté en posesión de más de 28 gramos y hasta 200 gramos de cannabis, será remitido a la autoridad administrativa competente y deberá pagar una multa de entre 60 a 120 veces el valor diario de la UMA (1 UMA=89.62).
Esta situación, consideran los consumidores, abre la puerta a la criminalización, pues continua la persecución de usuarios por posesión simple.
En ese mismo tono, se pronunció la diputada del PRI, Frinné Azuara Yarzábal quien enfatizó que esta reforma simula una regulación, pero detrás se aplicará la mano dura y corriendo el riesgo de incrementar las extorsiones.
Si el ciudadano es detenido con más de 200 gramos y hasta cinco kilos seiscientos gramos, la pena administrativa se vuelve cárcel.
El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados señala que las personas podrán almacenar, aprovechar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar, importar, investigar, patrocinar, plantar, portar, tener o poseer; preparar, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender, y adquirir cannabis y sus derivados pero se deberá tramitar un permiso ante la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) para poder hacerlo.
El dictamen también menciona que la venta del cannabis psicoactivo y sus derivados para uso lúdico se realizará exclusivamente dentro del territorio nacional, siempre y cuando se haga en establecimientos autorizados por la Comisión.
Quien produzca, comercie o suministre, aunque sea de forma gratuita, sin tener los permisos necesarios, podrá ser acreedor a hasta 15 años de cárcel.
Y aunque se aprobó la producción en casa habitación para uso personal con fines lúdicos, se establece que solo se podrán poseer hasta seis plantas de cannabis por persona y en caso de que residan más de una persona consumidora mayor de 18 años, el número de plantas será de un máximo de ocho.
“Los permisos sólo podrán ser expedidos a personas mayores de 18 años, que acrediten de manera fehaciente su domicilio y declaren el número de personas mayores de 18 que en él habitan; señalar el número de plantas autorizadas en el domicilio; especificar de manera clara e indubitable la prohibición de destinar el producto a cualquier fin distinto al permitido, entre otros”, establece el dictamen.
Al respecto, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) indicó que la Cámara de Diputados recibió una minuta viciada de origen, con un problema de sobrerregulación que genera muchos obstáculos para el acceso de los derechos de las personas consumidoras.
“No se puede permitir que el Estado se meta a las casas a verificar si cumplimos o no con la ley; además, son permisos que no pueden existir”, señaló.
En cuanto a las asociaciones de cannabis, estas deberán constituirse con un mínimo de dos y un máximo de 20 personas mayores de edad, para obtener el permiso de la Conadic para cultivar y tener sus propias plantas para consumo, lo que los consumidores consideran que obstaculiza la operatividad de estas asociaciones.
Además, la Conadic, entregará “licencias integrales” a los interesados en la realización de todas las actividades de la cadena productiva del cannabis, desde el cultivo hasta la comercialización y venta al usuario final. Esta situación de las licencias, de acuerdo con Nacho Lozano, autor del libro ‘Mariguana a la mexicana’ perjudicará a ejidatarios, comuneros, campesinos y comunidades indígenas y beneficiará a empresas extranjeras que podrían crear nuevos monopolios. Hasta ahora, se desconoce el costo de las licencias.
📢 Desde #RegulaciónPorLaPaz sabemos que una regulación de #cannabis sin licencias integrales exclusivas para comunidades cultivadoras beneficia a grandes capitales de la industria. @Mx_Diputados tiene la obligación de aprobar una ley con justicia social.
— Regulación Por La Paz (@regulacionxpaz) March 10, 2021
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Asimismo, se establece que es derecho de las personas mayores de dieciocho años consumir cannabis psicoactivo. El consumo deberá realizarse sin afectar a terceros, especialmente a personas menores de edad. Queda prohibido el consumo de cannabis en lugares denominados como “100% libres de humo de tabaco”, así como en las escuelas, públicas y privadas, de cualquier nivel educativo. En dichos lugares se fijarán los letreros, logotipos y emblemas que establezca la Conadic.
En su oportunidad, la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) dijo que a pesar del avance que plantea el dictamen, es indispensable la despenalización de la marihuana. Agregó que no cumple con lo solicitado por la Corte a la Cámara de Diputados, porque no se modifican los artículos 237, 245 fracción I, y el artículo 248 de la Ley General de Salud.
“En el PRD estamos convencidas y convencidos de que debemos tratar a las ciudadanas y ciudadanos como personas responsables y capaces de tomar sus propias decisiones; no debemos decidir por ellos, porque se violentaría su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este es un pequeño primer paso para que nos conduzca hacia el reconocimiento pleno de los derechos de las y los mexicanos”.
La diputada sin partido, Ana Lucía Riojas Martínez, coincidió en que la reforma no ataca las razones fundamentales de la legalización: la justicia social y sentenció que el dictamen busca convertir el uso de sustancias en un negocio y no en un derecho.
“No es suficiente para que se deje de perseguir a quienes desde una posición personal hemos decidido ser consumidores. No queremos más represión en contra del libre desarrollo de la personalidad. Necesitamos dejar bien clara la línea entre lo que el Estado puede decir sobre nuestros cuerpos y lo que no”.
“Preocupa, que se deje el camino libre a las grandes empresas extranjeras y se obstaculice el camino a productores de las comunidades”, agregó.
Aunque falta la discusión en lo particular de los artículos reservados, el dictamen podría quedar así y regresar al Senado por los cambios que se hicieron a la minuta.
