El material apunta a que la relación entre ambos se deterioró a principios de 2026, particularmente durante una discusión ocurrida en febrero, cuando el contratista cuestionó decisiones tomadas por la entonces titular del organismo electoral.
En otra conversación, Hernández Casillas reclamó movimientos relacionados con 62 plazas que atribuyó a Iliana Araceli Hernández Gómez, exfuncionaria del INE. Según su versión, algunos de esos espacios estaban vinculados con personas que habrían sido dadas de baja en diciembre.
Las grabaciones también exhiben el conocimiento que presuntamente tenía el empresario sobre movimientos administrativos y contrataciones dentro del instituto, así como su cercanía con funcionarios electorales.
La difusión de este material ocurre en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en contratos otorgados a empresas vinculadas con Hernández Casillas y las investigaciones financieras sobre proveedores electorales.
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