En agosto de 2020, Francisco Javier García Cabeza de Vaca presentó a los GOPES como una fuerza especializada para enfrentar a la delincuencia organizada. Cinco meses después, policías de aquella corporación participaron en el asesinato de 19 personas en Camargo. Más de cinco años después, la investigación continúa generando nuevas detenciones.
La más reciente ocurrió el 26 de octubre, cuando la Policía de Investigación de Tamaulipas capturó en Altamira a Berenice «N», conocida como La China o La Sheena, exintegrante de la Policía Estatal vinculada con el Grupo de Operaciones Especiales.
La Fiscalía estatal informó que la detención se realizó en la colonia Albañiles mediante una orden de aprehensión por su probable participación en homicidio calificado. La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial, sin que se precisara su intervención individual en los hechos.
La masacre ocurrió el 22 de enero de 2021, cuando fueron encontrados 19 cuerpos baleados y calcinados en una camioneta Chevrolet Silverado, en una brecha del ejido Santa Anita, municipio de Camargo. Otra camioneta, una Toyota Sequoia, también estaba incendiada.
Las víctimas eran 16 ciudadanos guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos que transitaban hacia Estados Unidos.
Las investigaciones establecieron que agentes estatales, incluidos elementos de los GOPES, participaron en los homicidios y posteriormente realizaron maniobras para alterar la escena.
El proyecto de seguridad del gobierno panista
Los GOPES habían sido creados mediante decreto del 8 de julio de 2020, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, con autonomía técnica, operativa y de gestión.
El 7 de agosto, Cabeza de Vaca encabezó su presentación oficial en el Complejo Estatal de Seguridad Pública de Ciudad Victoria.
La corporación contaba inicialmente con 150 agentes capacitados, tres helicópteros, drones, binomios caninos, 25 vehículos blindados y bases en Reynosa y Ciudad Victoria.
Durante la ceremonia, el entonces gobernador declaró:
«A los delincuentes les decimos que en Tamaulipas violar la ley y atentar contra la paz de nuestro estado, poniendo en riesgo la seguridad de nuestra gente, tendrá una respuesta inmediata y enérgica del Estado».
La declaración sintetizaba la apuesta de su gobierno por fortalecer la capacidad de reacción policial frente a organizaciones criminales.
Sin embargo, el caso Camargo exhibió graves fallas en la actuación de integrantes de esa misma estructura.
Las órdenes investigadas
Durante el juicio, un policía involucrado declaró que, después del primer ataque, se emitieron órdenes para asesinar a quienes habían sobrevivido.
En los testimonios fueron mencionados Horacio Rocha Nambo, comandante de los GOPES, y Mayra Elizabeth Santillana, coordinadora regional de la Policía Estatal. Ambos desempeñaban funciones de mando durante la administración panista.
Las indagatorias también documentaron acciones destinadas a modificar la escena de los homicidios.
En 2023, once policías fueron condenados a 50 años de prisión y otro recibió una pena de 19 años por delitos distintos.
En septiembre de 2026 fue recapturado José Arturo Alfaro Acuña, otro exintegrante de los GOPES relacionado con el expediente. La detención de Berenice «N» se produjo un mes después.
Denuncias y derechos humanos
La corporación acumuló señalamientos por presuntos abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y uso excesivo de la fuerza.
En enero de 2021, habitantes de Ciudad Mier denunciaron incursiones violentas y la desaparición de dos personas. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo también documentó acusaciones contra agentes estatales.
Estas denuncias deben distinguirse de las conductas por las que existen sentencias condenatorias.
En octubre de 2024, la CNDH emitió la Recomendación 168VG/2024, por graves violaciones al derecho a la vida, uso ilegítimo de la fuerza y daños a los familiares de las víctimas.
El organismo recomendó reparación integral, atención médica y psicológica, compensaciones y garantías de no repetición.
En enero de 2026, la Fundación para la Justicia y organizaciones acompañantes señalaron que todavía existían pendientes de verdad, justicia y reparación, además de solicitar investigaciones sobre la cadena de mando.
Los GOPES fueron disueltos operativamente y sustituidos por las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal. Su estructura administrativa quedó formalmente extinguida en noviembre de 2024.
La información judicial disponible no acredita que García Cabeza de Vaca ordenara o participara en los asesinatos. Sin embargo, la unidad involucrada fue creada, equipada y presentada durante su administración.
La captura de Berenice «N» mantiene vigente el contraste entre la promesa de seguridad con la que nació aquella corporación y las condenas impuestas a sus integrantes por los asesinatos de Camargo.
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