La Corte Interamericana de Derechos Humanos respaldó la postura de México en el combate al tráfico ilícito de armas, al emitir una opinión consultiva en la que establece que los Estados deben actuar con “debida diligencia” para regular, supervisar y fiscalizar la comercialización de armamento, incluso cuando intervienen empresas privadas.
El pronunciamiento indica que los gobiernos tienen la obligación de implementar medidas efectivas para evitar que las armas se desvíen hacia el mercado ilegal, entre ellas sistemas de marcaje, registro y rastreo que permitan identificar su origen.
El tribunal también señaló que las víctimas de la violencia armada deben contar con recursos judiciales efectivos para reclamar daños, además de que los Estados deben controlar la gestión de arsenales y armas decomisadas y fortalecer la cooperación internacional contra el tráfico ilícito.
Aunque la opinión consultiva no es vinculante, representa un respaldo a la estrategia legal impulsada por México desde 2022, cuando solicitó a la Corte interpretar la responsabilidad de fabricantes y distribuidores de armas, así como las obligaciones de los Estados para prevenir la violencia armada.
La resolución también refuerza los argumentos presentados por el gobierno mexicano en litigios contra empresas armamentistas en Estados Unidos, al advertir que decisiones comerciales negligentes pueden tener impactos directos en la violencia y en derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.
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