Tras la confirmación del fallecimiento del líder supremo Ali Jamenei, la República Islámica de Irán activó el proceso constitucional para nombrar a su sucesor, un procedimiento que solo se ha puesto en marcha una vez desde la revolución de 1979.
Según la Constitución iraní, es la Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos shiítas electos por voto popular cada ocho años, la que debe elegir al nuevo líder supremo en el menor tiempo posible. Este cuerpo deliberará en privado, revisará a los posibles candidatos y designará al sucesor con la mayoría de los votos de los representantes presentes.
Mientras se completa este proceso, un consejo de liderazgo provisional ha asumido de manera temporal las funciones del líder supremo. Este consejo está integrado por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Ejei, y un clérigo del Consejo de los Guardianes, que en esta ocasión es el ayatolá Alireza Arafi.
La Asamblea de Expertos no solo debe elegir al nuevo jefe de Estado religioso y político, sino que también supervisa al líder supremo y tiene la potestad de destituirlo si no cumple con los requisitos constitucionales.
La Constitución exige que el líder supremo posea ciertas cualidades: debe ser un jurista islámico calificado, justo, piadoso y con amplio conocimiento teológico, político y social. Si no hay un candidato que cumpla plenamente con estos criterios, la Asamblea puede optar por aquel que demuestre la mayor capacidad de liderazgo y juicio.
Hasta ahora, no existe un favorito claro públicamente, y la deliberación se mantiene dentro de los círculos clericales del país, fuera del escrutinio popular. El proceso, que determinará quién dirigirá la teocracia iraní en un momento de gran tensión regional, se sostiene lejos de los ojos de la opinión pública, mientras el consejo provisional mantiene el rumbo del Estado.
Discussion about this post