Boluarte, quien llegó al poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado, fue removida del cargo por una abrumadora mayoría parlamentaria. La decisión se produjo en medio de una ola de indignación ciudadana ante la incapacidad del Ejecutivo para contener el avance del crimen organizado y la violencia en todo el país.
La exmandataria, de 63 años, nunca contó con un partido ni bancada propia, y se mantuvo en el poder gracias al respaldo de agrupaciones conservadoras, entre ellas Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori. Sin embargo, el fujimorismo retiró su apoyo tras el reciente ataque armado contra el popular grupo de cumbia Agua Marina, ocurrido dentro de un local del Ejército peruano en Lima, donde resultaron heridos cuatro músicos y un vendedor. El hecho, ampliamente difundido en redes sociales, desató protestas y terminó por detonar la moción de vacancia.
Una presidencia impopular y aislada
Originaria de Apurímac, abogada y exfuncionaria del Registro Civil, Boluarte llegó a la Presidencia como una figura desconocida y prometiendo estabilidad. Pero su falta de base política y las fuertes protestas sociales tras la caída de Castillo deterioraron rápidamente su imagen.
Durante meses, Boluarte fue considerada la presidenta más impopular de América Latina, con apenas 3 % de aprobación, según diversas encuestas. Su gestión quedó marcada por la represión de las manifestaciones entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, que dejaron más de 50 muertos y decenas de heridos.
Seis intentos previos de destitución fracasaron gracias al apoyo de las fuerzas conservadoras. Sin embargo, la crisis de seguridad y los múltiples escándalos en su entorno terminaron por debilitarla por completo.
Acusaciones e investigaciones abiertas
El Ministerio Público de Perú abrió varias investigaciones contra Boluarte por delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves, derivados de la represión a las protestas. También enfrenta un caso por enriquecimiento ilícito tras el escándalo conocido como “Rolexgate”, donde se le señalaron relojes y joyas de lujo no declaradas.
Otras indagatorias apuntan a su presunta relación con la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, y a supuestas reuniones con la entonces fiscal general Patricia Benavides, quien fue destituida por encabezar una red de corrupción dentro del Ministerio Público.
Además, se le cuestionó por no informar debidamente al Congreso que estaría ausente del cargo mientras se sometía en secreto a cirugías estéticas.
Aunque el Tribunal Constitucional había determinado que debía suspenderse cualquier acusación mientras ejerciera el cargo, la decisión del Congreso pone fin a su inmunidad y abre la puerta a que enfrente los procesos judiciales pendientes.
Otra presidenta que cae por “incapacidad moral”
Con su destitución, Dina Boluarte se une a la lista de mandatarios peruanos removidos por “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional ambigua que ha provocado la salida de varios presidentes desde 2018, entre ellos Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.
Perú vuelve así a entrar en una etapa de inestabilidad política, con un Congreso fragmentado y una sociedad cansada de la corrupción y la violencia. En los próximos días, deberá definirse quién asumirá la jefatura del Estado hasta las elecciones generales previstas para 2026.
