México, 13 de enero de 2021 (NACIÓN 14).- La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez dio a conocer los contratos de prestación de servicios privados en penales federales del país, que se suscribieron durante el período del expresidente Felipe Calderón. Tan solo en 2020, se pagaron 15 mil 562 millones de pesos a estas empresas.
En la conferencia matutina del presidente López Obrador, la secretaria de la SSPC detalló que junto con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se analizaron ocho contratos de centros penales ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos y Michoacán.
Esto luego de que el pasado 13 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que presentaría en esta semana información acerca de la privatización de los reclusorios federales del país durante el periodo neoliberal, como el contenido de los contratos y el dato de cuánto cuesta al pueblo mantener a un recluso en esos penales privatizados.
Es así, que este día, la nueva titular de la SSPC detalló que siete contratos fueron suscritos el 27 de diciembre de 2010; en tanto que el de Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2011, es decir, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa y cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad.
Estos documentos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, coordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, director de adquisiciones de la misma dependencia.
La funcionaria detalló que se trata de empresas muy vinculadas a políticos que seguramente obtuvieron ganancias y compartió que en los últimos nueve años se ha pagado un total de 75 mil 661 millones 735 mil 763 pesos. Esta cantidad es correspondiente al 36 por ciento del pago total.
Explicó que hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190 mil 638 millones de pesos que en algunos penales corresponderá hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037. Así, el costo proyectado a 20 años se aproxima a los 266 mil 300 millones de pesos.
La funcionaria encargada de la Seguridad del país, dijo que de un total de 22 mil 776 millones que ejerce Prevención y Readaptación Social (PYRS) en 2020, el 68.3 fue para pagar a las empresas privadas.
Rosa Icela informó que en los ocho centros penitenciarios privatizados en los que se realizó la revisión hay un total de 12 mil 284 Personas Privadas de la Libertad (PPL): en Sonora (1,975); Guanajuato (1,912);Oaxaca (1,493); Durango (1,817); Chiapas (1,310); Femenil Morelos (809); Michoacán (1,222) y Coahuila (1,746).
La secretaria de Seguridad indicó que en 2020 el gasto por PPL al día fue de 2 mil 558.62 pesos en Sonora, por ejemplo, y hasta 5 mil 69.16 pesos en Michoacán, lo que el presidente de México calificó como “un abuso”.
En su oportunidad, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, indicó que uno de los contratos por casi 270 mil millones de pesos, se asignó en la administración federal antepasada por adjudicación directa.
Detalló que los servicios que se estipulan en el contrato a cargo del contratista son: la adquisición del terreno, el equipamiento, el desarrollo de la infraestructura, el diseño del proyecto, así como el pago de la conservación, el mantenimiento de las instalaciones y equipo de laboratorio, la limpieza, la jardinería, la alimentación, la dotación de uniformes y artículos de higiene personal a los internos durante la vigencia del contrato.
Mientras que la operación y seguridad de cada centro penitenciario es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (PYRS).
El presidente aseguró que por este tipo de negocios privados al amparo del poder público es que la oposición está desesperada de volver al poder y dijo, que revelar esta información es lo que provoca ataques a su gobierno.
“Entonces, por eso queríamos exponerlo, porque esto explica mucho el porqué de los ataques al gobierno”, dijo López Obrador.
Acerca de las acciones que tomará su gobierno sobre este tema, el mandatario pidió a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República dialogar con los proveedores para llegar a acuerdos que reviertan las cláusulas abusivas a la Hacienda pública y anunció que de no concretar una solución se presentará una denuncia en lo civil para cancelar los contratos.
