Alejandro Gertz, Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseveró que la acusación de Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, era un “catálogo de falsedades“.
En la conferencia matutina de palacio Nacional, Gertz Manero indicó que EE.UU. no contaba con pruebas para procesar al extitular de la Defensa, quien reapareció públicamente el domingo durante el evento de la Marcha de la Lealtad.
“Esto se inició a fines del año 2020 cuando el Gobierno de EE.UU. detuvo el general Cienfuegos en Los Ángeles, California, y durante varios meses estuvo en esa situación, hasta que el Gobierno de Estados Unidos se desistió de la acción. El juez federal aceptó ese desistimiento, y eso permitió que el general Cienfuegos regresara a México”, sostuvo.
“En ese momento, el señor presidente (Andrés Manuel) López Obrador tomó una decisión que ha sido única en la historia de bilateral de México y los Estados Unidos, le ordenó a la Secretaría de Relaciones que hiciera público todo el expediente y ese expediente se dio a conocer públicamente para que cualquier persona que tuviera cualquier duda pudiera expresarla. A nosotros nos tocó iniciar todo el procedimiento con la acusación que se había dado en los Estados Unidos sobre el general Cienfuegos, que lo identificaba con una persona totalmente distinta a la que es, por su altura por sus características por los lugares donde dicen que estuvo que nunca estuvo”, refirió.
“Era todo un catálogo de falsedades en su contra, hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y finalmente el 15 de enero de 2021 en dos comunicados de la Fiscalía hicimos una explicación muy clara por qué se había determinado el no ejercicio de la acción penal: por ser las acusaciones tan falsas y no contar con prueba alguna”, expresó.
Ell fiscal de la República indicó que se comunicó a EE.UU. el no ejercicio de la acción oenal conytrta Cienfuegos, aviso que “no se había hecho nunca en la historia bilateral”.
“Le comunicamos al Gobierno de EE.UU. por escrito, en un documento que fue presentado primero en la Embajada aquí y después ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la determinación del no ejercicio de la acción penal. Esa es una obligación procesal que existe en nuestras leyes para que las personas que se sientan de alguna manera ofendidos, o crean que sean generado algún tipo de actos que sean ilegales, tengan el derecho a poder recurrir eso, ir ante los jueces y demostrar que lo que estaba determinando la Fiscalía no era lo correcto”, manifestó.
“E documento por ahí debe de andar porque lo pusimos. Se le envió al Departamento de Justicia. Esperamos los días, ellos pidieron toda la documentación, les mandamos toda la investigación completa, y cuatro años después no han dicho nada que niegue el procedimiento que se llevó a cabo en México”, destacó.
Con información de López-Dóriga Digital
