México, 22 de junio de 2020 (NACIÓN 14).- Proceso dio a conocer que cuenta con evidencia que acredita que el expresidente de México, Felipe Calderón siempre supo del tráfico ilegal de armamento al país, incluso años antes del la operación “Rápido y Furioso” realizada en 2009 que permitió a EUA introducir dos mil 500 armas en territorio mexicano.
De acuerdo con el periodista Jesús Esquivel, expedientes en su poder, exhiben bitácoras realizadas a partir de enero de 2007 y confirman que el entonces presidente Felipe Calderón siempre estuvo al tanto del tráfico ilegal de armas a México, autorizado y supervisado por Estados Unidos.
Se trata de un documento de 53 páginas con el folio VCAC#095303 del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia (Doj) de Estados Unidos, titulado “México, Departamento de Justicia, ATF; Oficina de Inteligencia e Información Estratégica, División de Inteligencia sobre el Crimen Organizado y la Oficina de Análisis de Crimen Violento, Sistema de Rastreo de Armas de Fuego”.
En él, se revelan detalles de una presentación que hizo la ATF al gobierno de Calderón sobre el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2009.
Asimismo, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional (STCSN), creada en el sexenio de Calderón, presentó al gobierno estadunidense un documento de 20 folios en inglés: Confiscaciones relevantes de armas en México 2007-2008.
La presentación del gobierno calderonista arranca con la identificación de las rutas del trasiego ilegal de armas y hace referencia a 10 puntos de acceso al país: Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Cuauhtémoc, Unión Juárez y Ciudad Hidalgo.
También enumera la cantidad y tipo de armas confiscadas –que incluía armamento bélico del tipo que usan las fuerzas especiales de Estados Unidos– entre diciembre de 2006 y abril de 2008, donde destaca la gran cantidad de municiones obtenidas: más de 1 millón y cuarto.
Conscientes de la cantidad de armas que ilegalmente cruzan todos los días el Bravo, en 2006 por iniciativa del Doj y bajo la conducción del ATF, se creó la Operación Gunrunner presuntamente para intentar contener el trasiego.
El proyecto tuvo como objetivo facilitar a los ciudadanos estadunidenses y residentes permanentes la compra al mayoreo y menudeo de todo tipo de armas semiautomáticas, a fin de ubicar y desmantelar su trasiego ilegal.
Mediante Gunrunner el ATF supervisaba y autorizaba la compra de armas a ciudadanos y residentes sin antecedentes penales, para detectar su venta en el mercado negro a personas que las trasiegan ilegalmente a otros países o a personas con historial criminal.
Con información de Proceso
