Ciudad de México, 3 de junio de 2020 (NACIÓN 14).- Esta mañana el titular de la Secretaria de Hacienda, Arturo Herrera informó que los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no se verán afectados por el decreto de austeridad que estipula un recorte del 75 por ciento en su gasto operativo.
El funcionario del Gobierno de México detalló que en el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad se estipula que no se verán afectados los rubros de derechos humanos.
Respecto al tema del @CEAVmex, el decreto de austeridad del 23 de abril explícitamente dice que no serán afectados los rubros de derechos humanos. Antier tuve la oportunidad de platicarlo con @M_OlgaSCordero y @A_Encinas_R; nos aseguraremos de que esto se cumpla a cabalidad.
— Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 3, 2020
Previamente, el titular de la SHCP afirmó que la ciencia, la educación superior pública, la cultura y los derechos humanos son centrales para el desarrollo del país, por ello se asegurarán de que tengan los recursos suficientes independientemente del mecanismo presupuestal a través del cual operen.
En días pasados, la comisión denunció que el decreto publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que obliga a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal recortar 75 por ciento su gasto operativo, frenaría sus actividades esenciales y paralizaría su funcionamiento ya que ascendería a 139.4 millones de pesos.
En ese sentido, periodistas víctimas de desplazo interno forzado en México pidieron al Gobierno Federal rectificar sobre el recorte a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por que la imposibilita de prestar servicios específicos y asistencia a víctimas.
En un pronunciamiento, Periodistas Desplazados México explicó que su organismo “está conformado por víctimas que hemos sufrido en carne propia desapariciones y asesinatos de nuestros familiares; nos han secuestrado, amenazado, torturado y encarcelado injustamente”.
En ese sentido, dijo que la CEAV “no puede prescindir del personal médicos, psicólogos, psiquiatras y asesores jurídicos que atienden a miles de víctimas directas e indirectas”.
Refrendaron al gobierno que ser víctima no es un premio, “somos víctimas porque el estado mexicano a fallado en sus obligaciones”, por lo que pidieron “no castigarlos más”.
Finalmente los periodistas que han sufrido agresiones con motivo de su labor exigieron se resuelva esta situación a favor de las víctimas y aunque reconocen que hay mucho por mejorar en la dependencia, aseguran que su desintegración no es la solución, por el contrario, proponen que se haga una revisión en la forma de administrar los recursos.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana durante su conferencia desde Campeche, que “no se van a quedar familiares de víctimas sin apoyos, no se van a quedar los enfermos sin medicinas, no se van a quedar los creadores sin sus becas, no se van a quedar los artesanos sin sus apoyos, es poner orden porque estaba muy fraccionado todo”
El mandatario explicó que el recorte es al “Capítulo 2000 y 3000 del presupuesto, que es gasto de operación, recursos generales, no es el capítulo 1000, que tiene que ver con la nómina, a nadie se le va a dejar sin trabajo; ni tiene que ver con el capítulo 4000 o 5000, que tiene que ver con inversiones, con los apoyos, esto es gasto de operación. Entonces, vamos a poner orden y a todos se les va a apoyar”.
De acuerdo con la CEAV, algunos ejemplos del impacto que tendrá el recorte del 75 por ciento del presupuesto disponible en los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales y Suministros y a Servicios Generales son:
• El déficit presupuestal generado por el recorte provocará un ajuste en la nómina debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de las partidas 2000 y 3000, con la autorización de la SHCP. Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60 por ciento está en esta situación.
• No será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país.
• El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado.
• Perderemos el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.
• El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias.
• La reducción del 30% de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año.
• No se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.
• Las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
• El área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo –154 de ellos están en etapa de cumplimiento– y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV.
• Sin defensa legal, la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones.
• No habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación.
• No habrá condiciones para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales u organismos de derechos humanos.
• No será posible avanzar en el rezago de resoluciones por compensaciones y medidas de ayuda del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) que prevalece desde 2017.
• Quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.
• Quedará pendiente la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humanos.
• Desaparecerá el área que administra el RENAVI y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales.
• No será posible tener control y vigilancia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), debido al desmantelamiento del área, por lo que se incumplirán las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el fortalecimiento del control interno.
• Será imposible atender los retrasos en la atención de solicitudes en materia de transparencia, a causa de la desarticulación del área responsable.
• La Oficialía de Partes, que recibe entre 150 y 200 documentos diarios, ya no tendrá personal para atender y dar seguimiento a las notificaciones de Juzgados y Tribunales federales, CNDH, FGR, Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales, organismos internacionales, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre otras.
• Al sufrir un ajuste de personal en la Unidad de Género, quedarán pendientes los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral.
• Se cancelará la campaña de posicionamiento de la Comisión Ejecutiva y la estrategia de comunicación digital, para dar a conocer los alcances y beneficios del Modelo de Atención Integral a Víctimas a las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, debido al desmantelamiento de la Dirección de Comunicación Social.